Dinero y humo

Manuel Chaves es el primer presidente de un Gobierno autónomo de España -o de Europa- en inspirarse en el creciente movimiento contra las tabacaleras en EE UU para que contribuyan a financiar los gastos sanitarios que provoca el tabaquismo. Chaves pide que estas poderosas empresas paguen voluntariamente unos 60.000 millones de pesetas anuales a las arcas del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que es lo que cuesta el tratamiento de las diversas patologías que provoca el tabaco. En caso contrario anuncia que demandará a las tabacaleras. Las empresas han contestado que recaudan impuestos (que pagan los consumidores) por valor de un billón de pesetas anuales en España, con los que se podría hacer frente a los efectos más nocivos del tabaquismo.Ésta ha sido la propuesta más novedosa de Chaves en su investidura como presidente de la Junta de Andalucía. Tiene dosis de oportunismo y su desarrollo provoca enormes dudas, pero abre una vía sugerente. Puede parecer un gesto de hipocresía pedir a las tabacaleras que paguen el tratamiento de los efectos nocivos del consumo del tabaco, en vez de prohibir este último. Pero, por cuestión de libertad individual y de usos sociales, tal prohibición no es ni recomendable ni viable.

En EE UU, con una legislación más favorable a los perjudicados por el tabaquismo, se han dado ya sentencias -la más importante, la del Tribunal Supremo de Florida- contra las tabacaleras, con pagos billonarios, y se ha producido una avalancha de demandas individuales, colectivas y oficiales -incluida la promovida por Clinton y su ministra de Justicia, Janet Reno- que piden que la industria contribuya a financiar los gastos sanitarios. En España, asociaciones de damnificados han empezado a promover demandas contra esta industria bien organizada, que con cohortes de abogados y una legislación menos madura intentará resistirse en los tribunales antes de donar voluntariamente miles de millones de pesetas. Por ello quizá debieran ser el Gobierno central y el Parlamento los que abordaran un problema que, según diversas estimaciones, provoca unos costes sanitarios del orden de 450.000 millones de pesetas anuales.

La iniciativa de Chaves plantea, sin embargo, problemas jurídicos de magnitud. Por un lado, no ha habido aún ninguna condena a las tabacaleras en España: médicamente probados, los perjuicios del tabaco no están aún judicialmente asentados. Por otro, aunque la sanidad sea una competencia plenamente traspasada a las comunidades autónomas, medidas como la propuesta por el presidente andaluz podrían chocar con otros principios como la unidad de mercado en España o en la UE. De prosperar, puede constituir un precedente complicado para otras comunidades autónomas y otros productos nocivos, pero comercializados y legales.