El Gobierno de Canarias llevará a los tribunales a los gestores de Tindaya

El Gobierno de Canarias decidió el pasado lunes iniciar acciones legales y jurídicas contra los responsables de la empresa pública Saturno -dependiente de la Consejería de Turismo y Transportes del Ejecutivo autonómico-, que participó en la creación de la sociedad Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, SA, junto con la empresa privada Cabo Verde, SA, ante las irregularidades que se han detectado en la compra de los derechos mineros de una cantera en la montaña de Tindaya, en el municipio de La Oliva, isla de Fuerteventura, por 1.000 millones de pesetas.

El proyecto monumental Montaña de Tindaya fue ideado por el escultor vasco Eduardo Chillida, con la intención de vaciar la citada montaña y crear un espacio escultórico en su interior. El contrato para su realización se firmó en marzo de 1996, pero desde entonces ni siquiera se ha elaborado el proyecto de obra.Cuatro años más tarde, el Ejecutivo canario ha detectado irregularidades que "lesionan el interés público", por lo que los servicios jurídicos del propio Gobierno de Canarias están estudiando la ejecución de acciones penales, civiles y administrativas que se deriven contra sus responsables.

El PP anunció ayer que apoyará la propuesta del PSC-PSOE de crear una comisión de investigación sobre el proyecto monumental Tindaya, que se debatirá en el pleno del Parlamento canario el día 27.

Los directivos de la empresa pública Saturno, cuando se realizó la compra de los derechos mineros en la montaña de Tindaya, eran el ex vicepresidente del Gobierno y ex consejero de Turismo Lorenzo Olarte; el ex viceconsejero de Turismo y presidente del consejo de administración de la sociedad Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, SA, Jaime Rodríguez Cíe, y el ex consejero delegado de Saturno Jesús Gómez.

Personas físicas y jurídicas

La Audiencia de Cuentas, órgano de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Canarias, elaboró un informe -que presentó a principios de este año- sobre la gestión llevada a cabo por la empresa pública Saturno, donde detectó irregularidades en el contrato de compraventa de acciones en Tindaya y en la constitución de la sociedad proyecto monumental. En el citado informe incluso se llega a aconsejar al actual Ejecutivo canario que entable "la acción social de responsabilidad" contra el anterior Gobierno por "los actos lesivos y daños que se hayan producido a la sociedad".

Entre las irregularidades detectadas destacan el hecho de que se constituyera la sociedad para ejecutar el proyecto monumental simultáneamente por personas físicas y jurídicas incumpliendo un mandato del Gobierno canario que pidió que se hiciera sólo por personas jurídicas. Además, en el informe de la Audiencia de Cuentas se asegura que el contrato se formalizó estando la concesión minera afectada por 11 cargas entre hipotecas y embargos.

Otros incumplimientos llevados a cabo por Saturno, según la Audiencia de Cuentas, son el pago de 150 millones de pesetas a la firma del precontrato de compraventa que efectuó la empresa pública en 1996, un año antes de lo que establecían los acuerdos del Gobierno regional. Este pago anticipado, que se hizo con un crédito bancario, generó a su vez gastos añadidos por un valor superior a los 3.000 millones de pesetas. En suma, un rosario de irregularidades contables que el Ejecutivo canario corroboró en un informe encarggado por el presidente Román Rodríguez a la Inspección General de Servicios de la Comunidad Autónoma de Canarias que ha culminado con enviar a los tribunales a sus responsables, pese a que pertenecen al mismo partido político, es decir, a Coalición Canaria (CC).

Estas acusaciones se suman a un proyecto que ha sido polémico desde sus inicios. Grupos ecologistas han protestado por la intención del artista vasco de utilizar este paraje de valor histórico y natural. Ayer un portavoz de Eduardo Chillida declinó hacer comentarios sobre este nuevo conflicto.