Los honorarios de los abogados de la colza desatan un cruce de denuncias de las víctimas y los consumidores

El cobro de honorarios por parte de los abogados de las víctimas de la colza se ha convertido en un campo de batalla. Así una asociación de víctimas del caso de la colza, damnificados por el síndrome tóxico de 1981, y una organización de consumidores han cruzado denuncias contra los letrados encargados del asunto, a propósito de sus honorarios, y uno de éstos, a su vez, ha denunciado la supuesta pretensión de la asociación de afectados de percibir porcentajes de los letrados.El primer paso de este intrincado asunto, como adelantó ayer EL PAÍS, lo dio la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) al presentar una denuncia contra el abogado Javier Langa, al que acusa de intentar cobrar el 3% de las indemnizaciones a los afectados que son socios de la OCU. Langa aseguró que todas las víctimas a las que pidió el 3% de la indemnización "están dispuestas a pagar" y negó que las hubiera extorsionado.

Juan del Real Martín, director de la OCU y denunciante de Langa, ratificó ayer la denuncia ante la magistrada Almudena Álvarez Tejero, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

Por su parte, dirigentes del colectivo de afectados denominado Anasto-Leganés informaron a Europa Press de que tienen presentada una denuncia contra el abogado Mariano Muñoz Bouzo, al que acusan de exigir a los afectados el 2% de las indemnizaciones. A su vez, los letrados Muñoz Bouzo, Francisca Sauquillo y José Manuel Gómez Benítez informaron a Efe de que han denunciado a Arcadio Fernández, presidente de Anasto, por intentar cobrar un porcentaje de las minutas de los letrados. Fernández acusa a Muñoz Bouzo de "coacción y chantaje", a lo que el abogado respondió: "Ni he chantajeado ni he coaccionado a nadie. Sólo pretendo cobrar una minuta después de 20 años de trabajo".

La ejecución de las condenas firmes del caso de la colza, en el que hay más de 20.000 damnificados reconocidos judicialmente, a quienes el Estado adeuda medio billón de pesetas, ha desatado tensiones entre algunos letrados y organizaciones que, como la OCU, se dedicaron desde el primer momento a asistir a las víctimas.