Un juez indaga si un abogado cobra dos veces por el 'caso de la colza'

El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha abierto diligencias previas número 2.351/2000 a consecuencia de la denuncia de Juan del Real Martín, director de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), contra el abogado Javier Langa, al que acusa de pretender cobrar el 3% de las indemnizaciones por el caso de la colza correspondientes a las víctimas que son socios de la OCU, además de los honorarios, de los que ésta se hizo cargo.El origen de este asunto fue el llamado caso de la colza o del síndrome tóxico o envenenamiento por aceite de colza desnaturalizado ocurrido en 1981. Tras el largo proceso judicial, que acabó con condenas firmes a partir de 1997, el pago de las indemnizaciones a las más de 20.000 víctimas supervivientes se encuentra en plena ejecución.

Algunos damnificados socios de la OCU han mostrado su asombro por la pretensión de cobrarles el 3% de sus indemnizaciones, ante lo cual EL PAÍS se puso en contacto con la OCU, cuyos dirigentes explicaron la denuncia interpuesta por Juan del Real frente al intento, según él, de "embolsarse más de 1.600 millones de pesetas correspondientes al 3% de los 54.000 millones que globalmente corresponden a las aproximadamente 3.000 víctimas que son socias de la OCU".

La OCU designó en 1981 al abogado Ignacio Uriarte para defender los intereses de los damnificados socios y también de quienes acudieron a la organización de consumidores. Según la denuncia, Uriarte, además de recibir de la OCU el abono de sus honorarios, comunicó en 1998 a los afectados que deberían abonarle el 3% del total de su indemnización, percepción que "no está permitida", según la OCU.

Fallecido Uriarte el 16 de octubre de 1999, la OCU designó en su sustitución al abogado Ricardo Ibáñez Castresana, el cual se puso en contacto con el letrado Langa para que le entregara la documentación de los afectados.

La versión de Langa es que, como "abogado colaborador" de Uriarte, tiene encomendada "la continuación de todos sus asuntos profesionales para la defensa de sus clientes, así como de los derechos económicos devengados", entre ellos el 3% de la indemnización de los afectados de la colza, socios o no de la OCU.

Al no alcanzar un acuerdo, la OCU ha denunciado judicialmente a Langa, al que acusa, entre otros, del delito de extorsión con ánimo de lucro, castigado con de uno a cinco años de cárcel.