Los rectores acusan al Gobierno valenciano de violar la autonomía de la Universidad de Va lencia Zaplana interpreta que los estatutos obligan a los docentes a saber la lengua autonómica

El pulso del Gobierno valenciano con las universidades, que centró la legislatura pasada, ha alcanzado tintes surrealistas en los últimos días. La Conferencia de Rectores ha acusado a Zaplana de violar la autonomía universitaria por tener desde hace dos años y medio paralizada la entrada en vigor de la reforma de los Estatutos de la Universidad de Valencia. La reforma fue realizada en 1997 y quedó aprobada automáticamente, pero no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Generalitat, algo imprescindible para su puesta en marcha. Zaplana interpreta que un artículo de los estatutos, que en realidad fue redactado en 1985, obliga a los docentes a conocer la lengua autonómica, lo que califica de inconstitucional.

La Asamblea General de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) emitió un duro comunicado la semana pasada desde Sevilla, en el que asevera que "la actitud del Gobierno valenciano impide el ejercicio del derecho fundamental a la autonomía universitaria reconocido en el artículo 27.10 de la Constitución". El pronunciamiento se produjo tras ser informada por el rector de la Universidad de Valencia, Pedro Ruiz, del "conflicto creado", en opinión de la CRUE, "por el Gobierno valenciano en relación a la reforma de los estatutos" aprobada por el claustro de la Universidad en noviembre de 1997 y remitida a la Administración de Zaplana. La intervención de los rectores, que cerraron filas con la Universidad de Valencia, fue respondida con dureza por el presidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana. Tras dos años de silencio y dilaciones, recurrió el jueves pasado a un artículo aprobado en los estatutos fundacionales de 1985 para acusar a la universidad de rozar la inconstitucionalidad y atentar contra la institución de la Generalitat. El artículo, que tiene el visto bueno del Consejo Jurídico del Gobierno, dice: "Quien obtenga una plaza se someterá, en su caso, a las evaluaciones de conocimiento de las lenguas oficiales en la Universidad de Valencia".

Interpretación equivocada

El artículo de la discordia, que en su momento generó un amplio y sesudo debate en la universidad, quedó redactado en coherencia con el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana de 1982, donde se la reconoce como una comunidad bilingüe. El rector Pedro Ruiz ha recordado, incluso, que la ley valenciana establece como requisito para acceder a la función pública el conocimiento de las dos lenguas oficiales: el castellano y el valenciano. A juicio de Ruiz -que ha advertido que llevará el asunto al Tribunal Superior de Justicia ante la presión de Zaplana para que se suprima este artículo-, el Gobierno del PP "hace una interpretación equivocada" y que llega "tarde" del artículo en conflicto. Ruiz puntualizó que jamás ha recibido en estos dos años una comunicación oficial por escrito que especificara las supuestas diferencias sobre el texto y sólo sugirió una comida privada, hace un año, donde Zaplana sugirió sus dudas y reconoció que no tenía ni idea del asunto.

La reforma de los Estatutos de la Universidad de Valencia fue decidida en noviembre de 1997 por el claustro y enviada un mes después al Gobierno valenciano para su aprobación. Después de dos años y medio, y tras haber incorporado las rectificaciones menores de la redacción que aconsejaron los servicios jurídicos de la Consejería de Educación y el Consejo Jurídico Consultivo, la Dirección General de Universidades los remitió en enero pasado a la Generalitat para su aprobación.

Tras estos dos largos años de dilaciones y silencios por parte del Gobierno valenciano, el plazo legal que señala la fórmula jurídica del "silencio administrativo" ha vencido y la reforma, de carácter estrictamente organizativa con vistas a la fusión de facultades y centros, está aprobada, pero, al no poder entrar en vigor, mantiene bloqueados los cambios.