Los peritos judiciales achacan el desastre de Aznalcóllar a errores de cálculo en la presa

El subsuelo arcilloso sobre el que se asienta la balsa minera que posee la multinacional Boliden en Aznalcóllar no aguantó el peso de los lodos tóxicos y el agua ácida, y en su desplazamiento arrastró consigo el muro de contención. Éste fue el origen del vertido que anegó el valle del Guadiamar y provocó un desastre medioambiental en el entorno de Doñana el 25 de abril de 1998, según el informe pericial en poder de la juez que investiga el caso, Celia Belhad-Ben. Los peritos estiman que el accidente se produjo por errores de cálculo en los proyectos de construcción (1977) y recrecimiento (1996) de la balsa, realizados respectivamente por Intecsa y Geocisa, dos filiales de Dragados y Construcciones.

El informe de los peritos, los catedráticos de la Universidad Politécnica de Cataluña Eduardo Alonso y Antonio Gens, llegó al Juzgado número dos de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) el pasado lunes, pero la magistrada Celia Belhad-Ben no facilitó el acceso al documento a las partes personadas hasta la mañana de ayer. Diversas fuentes judiciales consultadas por este periódico coincidieron en afirmar que el informe pericial señala en sus conclusiones que la balsa minera de Aznalcóllar reventó porque, en su construcción y ampliación, se siguieron dos proyectos en los que se calculó mal la resistencia del subsuelo y la presión que ejercían el agua ácida y los residuos mineros que albergaba la presa.Los peritos, tras analizar los datos recabados en varios sondeos alrededor de la balsa siniestrada, constatan que la rotura se produjo por un deslizamiento de una franja arcillosa (formación geológica conocida como margas azules) bajo los cimientos de la presa. Ésta era también la hipótesis principal de sendos informes encargados por Boliden y la Junta de Andalucía y concuerda con el primer análisis que realizaron sobre el terreno agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil apenas un mes después del accidente.

Los proyectos de construcción y recrecimiento de la balsa elaborados por las filiales de Dragados y Construcciones subestimaron la fragilidad del sustrato arcilloso. Según los peritos, los proyectistas se equivocaron al calcular cuánto peso podían resistir las margas azules. En realidad, eran menos permeables que lo que estimaron los técnicos de Intecsa y Geocisa, por lo que la presión que ejercía el agua que fluía en el subsuelo sobre el terrero arcilloso era mucho mayor de lo que reflejaban ambos proyectos.

Los catedráticos de Ingeniería del Terreno también refieren fallos en el cálculo de cuál era la presión que transmitía el agua del subsuelo sobre el sustrato de las margas azules (a unos 15 metros de profundidad). De hecho, en el momento de la rotura, la balsa almacenaba 15 millones de metros cúbicos de residuos mineros, cuando fue proyectada por Intecsa para albergar más del doble.

Más capacidad

Las instalaciones mineras de Aznalcóllar (que reabrieron hace seis meses) fueron adquiridas en 1987 por la multinacional Boliden, que encargó a Geocisa un proyecto para recrecer el muro de la presa siete metros y ampliar así su capacidad. Según los abogados consultados, los peritos subrayan que la filial de Dragados insiste en los errores de cálculo en los que incurrió el proyecto original. Geocisa dio luz verde en 1996 al recrecimiento que realizaron operarios de Boliden al garantizar que no ponía en peligro la estabilidad de la balsa.

En sus conclusiones, los peritos judiciales descartan las causas naturales en el accidente, y afirman que, dados los errores de cálculo en los proyectos, la rotura se habría producido del mismo modo en cualquier otro terreno arcilloso. Los catedráticos también aprecian el mal funcionamiento de uno de los diez instrumentos que medían la inclinación de las paredes de la balsa (inclinómetros) y aconsejan que, en el futuro, en estos proyectos intervengan gabinetes internacionales de ingeniería.

El informe pericial permitirá desbloquear la instrucción, parada desde julio de 1998. Hasta entonces, habían declarado como imputados seis empleados de la empresa propietaria Boliden (entre ellos su director técnico Antonio Ruiz Castell), 12 técnicos de la consultora Geocisa, dos funcionarios de la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía y otro del Instituto Tecnológico Geominero (del Ministerio de Medio Ambiente). La Consejería de Industria y el Instituto Tecnológico Geominero dieron, en 1996, el visto bueno al proyecto de recrecimiento que presentó Boliden tras el estudio de Geocisa.