Un proceso atascado

Los abogados personados en la instrucción saben que sólo están al principio de un largo y complejo proceso; por lo pronto, la investigación judicial ya se ha tomado más de año y medio. Y los medios con los que cuenta el Juzgado de Sanlúcar la Mayor no parecen suficientes. Ayer, varios letrados aguardaron turno para ocupar una silla en la que consultar el medio millar de páginas del informe pericial. La magistrada Celia Belhad-Ben debe investigar un caso sin precedentes: un vertido de más de cinco hectómetros cúbicos de lodos tóxicos y agua ácida que inundó cerca de 4.000 hectáreas en las proximidades del parque nacional de Doñana. Unos 30.000 millones en daños, según la última estimación oficial.

El informe conocido ayer coincide en gran parte con los encargados por Boliden y la Junta de Andalucía. Estos últimos, sin embargo, presentaban una diferencia reseñable que puede ser una de las claves de la batalla judicial. Mientras Boliden desplazaba la responsabilidad hacia Dragados, el estudio pagado por el Gobierno andaluz consideraba que los cálculos se ajustaron a los coeficientes de seguridad que aconsejaba la comunidad científica y que, por tanto, se trataba de un "caso impredecible" para los proyectistas.