Un curso con asignaturas pendientes

La nueva legislatura empieza con buen pie a nivel económico: todos los pronósticos indican que nos esperan unos años más de crecimiento: no es mal momento, pues, para que el nuevo Gobierno afronte las reformas pendientes en ámbitos como el Pacto de Toledo, el sistema de financiación autonómica o la reforma laboral. Pero, igualmente, deberá hincar el diente a la regulación del suelo, las telecomunicaciones, la competencia, los hidrocarburos o el gas, en los que aún queda un amplio camino por recorrer. - Pacto de Toledo. El acuerdo suscrito por todas las fuerzas políticas en la ciudad castellano-manchega toca a su fin, vence en octubre de este año, y habrá que renovarlo. De ese primer acuerdo queda pendiente de determinar a quién corresponde la financiación de los denominados complementos a mínimos (la cantidad con que el Estado completa las pensiones que no llegan al mínimo fijado); es decir, si se mantienen con cargo a la Seguridad Social o pasan al Estado. La cantidad asciende a 600.000 millones de pesetas. Pero más allá de este aspecto, el nuevo pacto habrá de establecer nuevas garantías para que el sistema público de pensiones siga siendo viable. De momento, el único compromiso electoral del PP es fomentar la prolongación de la vida laboral.

- Reforma laboral. La primera medida anunciada por el Gobierno del PP en funciones es una segunda reforma laboral que complete los acuerdos de 1997. El objetivo es avanzar hacia el pleno empleo con medidas que fomenten, sobre todo, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. En un primer contacto con los sindicatos, el Gobierno ha dejado en el aire la posibilidad de un nuevo contrato con una indemnización por despido improcedente de 20 días por año trabajado, en lugar de los 45 actuales, acompañado de una rebaja en las cotizaciones sociales. Se ha dado la garantía de que medidas de este tipo no puedan aprobarse sin el acuerdo de las fuerzas sociales. De momento, se van a abrir siete mesas de negociación para la reforma de las pensiones, la precariedad, el Inem, los contratos a tiempo parcial, las políticas activas de empleo, la formación profesional y la siniestralidad laboral.

- Financiación autonómica. Es la tercera reforma de gran calado que el Gobierno ha de empezar a poner en marcha. El actual sistema vence en 2002, pero ya existe un grupo de trabajo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representadas las comunidades autónomas y la Administración central, que prepara una propuesta sobre cesión de impuestos especiales. El programa electoral del PP sólo hace referencia a este aspecto, y no concreta si se ampliará la cesión del IRPF a las comunidades, ahora fijada en el 30%, tal como reclaman algunas de ellas. Lo que sí está descartado es la fragmentación de la Agencia Tributaria. Habrá que reformar también el sistema de financiación de los ayuntamientos, ya que el PP se ha comprometido a eliminar el impuesto de actividades económicas a las pymes.

- Ley General Presupuestaria. La reforma de esta ley quedó aparcada en la anterior legislatura, pese a existir un proyecto bastante acabado. La intención era establecer un presupuesto por objetivos, más exigente que en la actualidad con respecto a las desviaciones que se produzcan en el gasto. En la política presupuestaria está también pendiente de determinar el modelo de financiación de RTVE, cuya deuda asciende a 700.000 millones de pesetas. Al respecto, se anunció que iba a analizarse qué parte del Ente podía considerarse como servicio público y cuál como actividad privada, a los efectos de reducir la ayuda del Estado y buscar otras fórmulas de financiación. Igualmente, habrá que desarrollar el billonario plan de inversiones en infraestructuras que Aznar anunció en la precampaña electoral.

- Reforma fiscal. La segunda reforma fiscal se llevará a cabo al final de la legislatura, pero sólo si se consigue el equilibrio presupuestario previsto en el Plan de Estabilidad para el año 2002. El programa electoral del PP se compromete, sólo en este caso, a bajar el tipo máximo del impuesto sobre la renta desde el 48% actual hasta el 46%, y el mínimo, del 18% al 15%. Está también previsto reformar la Ley General Tributaria, ya que la vigente data del año 1963 y ha sufrido constantes reformas parciales. De la anterior legislatura quedó pendiente un nuevo estatuto de la Agencia Tributaria, cuyo proyecto se envió a estudio al Parlamento, sin llegar a aprobarse. También han de regularse todos los aspectos fiscales del comercio electrónico, donde ahora existe un vacío total.

- Competencia. El problema de la inflación será el hueso más duro de roer para el nuevo Gobierno. Tras obtener niveles de precios históricamente bajos, al final de la pasada legislatura, la inflación ha remontado hasta el 3% el pasado mes de febrero. Además del encarecimiento del petróleo, España tiene en el sector servicios un núcleo duro de inflación que habrá que abordar con reformas en los sectores de hidrocarburos, suelo, gas, electricidad, telecomunicaciones y servicios profesionales. Por ejemplo, en el mercado del suelo, el anterior Gobierno ya anunció que se abrirán negociaciones con las comunidades y los ayuntamientos, ya que la reforma aprobada la pasada legislatura quedó prácticamente sin contenido por una sentencia del Tribunal Constitucional. Es lo mismo que ha ocurrido con la Ley de Defensa de la Competencia, que deberá ser reformada.