El juicio contra el rector de la URV pone en cuestión la política lingüística de Pujol Los rectores catalanes y la Generalitat mantienen su respaldo a la actuación del imputado

El juicio oral abierto contra el rector de la Universidad Rovira i Virgili (URV), de Tarragona, Lluís Arola, por un presunto delito de prevaricación al sancionar a una profesora que repartió exámenes de las pruebas de acceso a la universidad (PAAU) en castellano, puede tener importantes repercusiones sobre los modelos y prácticas lingüísticas desarrolladas por el Gobierno de Jordi Pujol. Como en esta ocasión, cada vez que en reglamentos y resoluciones se intenta aplicar una discriminación negativa respecto al castellano se entra en colisión con los derechos individuales protegidos por la Constitución.

El rector Lluís Arola apartó de la vigilancia y corrección de las pruebas de selectividad del año 1999 a Josefina Albert, profesora de Gramática Española, argumentando que, por decisión propia y en contra del reglamento de la Generalitat sobre las pruebas de selectividad, había proporcionado exámenes en castellano a los alumnos de la anterior convocatoria. La profesora niega esta versión.Albert no fue la única sancionada, otro tanto le sucedió al profesor José María Fernández, que se dirigió al Defensor del Pueblo para consultarle sobre la legalidad del citado reglamento. Fernández fue sancionado por no haber solventado sus dudas en el ámbito interno de la URV antes de recurrir a una institución ajena a la misma. El Defensor del Pueblo, sin embargo, tampoco pudo responder a este profesor alegando que la URV no le había remitido la información requerida. Fernández no acudió a los tribunales para denunciar al rector, lo que sí hizo Albert, representada por un abogado de la plataforma Convivencia Cívica Catalana (CCC) presidida por el eurodiputado del PP Aleix Vidal-Quadras.

Ya el pasado mes de octubre, durante la inauguración oficial del curso académico de las universidades catalanas, que se celebró precisamente en Tarragona, el rector Arola se quejó amargamente en su discurso ante el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, de la falta de apoyo de las instituciones catalanas ante la demanda judicial que sobre él pendía. Desde entonces hasta ahora, la respuesta de la Administración a sus quejas ha sido muy limitada. Incluso la nota del Consejo Interuniversitario de Cataluña, firmada por todos los rectores y el comisionado Andreu Mas-Colell, se limita a "remarcar" que el nombramiento de los miembros de los tribunales para las PAAU de 1999 "se hizo de acuerdo con las normas" y a expresar su "convencimento" de que la actuación del rector de la URV "en el ejercicio de las competencias que le otorga la legislación vigente sobre la materia, fue correcta".

El Comisionado para Universidades de la Generalitat fue algo más vehemente en la nota hecha pública el pasado 25 de febrero. Tras expresar su "confianza en las instancias jurídicas pertinentes" hizo constar su "perplejidad e inquietud" por el hecho de que un asunto con un "trasfondo lingüístico" haya sido objeto de una denuncia penal. Tras expresar su apoyo a Arola, el Comisionado denuncia la existencia de una campaña en este sentido en todas las universidades catalanas.

El problema de los reglamentos que se amparan en la nueva legislación de la Generalitat en materia lingüística es que, a menudo, hacen abstracción de la realidad jurídica estatal abriendo el camino a que entidades como la presidida por Vidal-Quadras acudan a los tribunales.

Convivencia Cívica Catalana también ha recurrido el reglamento de usos lingüísticos de la URV ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, forzando la paralización de su desarrollo. El citado reglamento establece, entre otras cosas, la necesidad de que los catedráticos y profesores titulares demuestren un determinado nivel de catalán, especificando incluso una serie de plazos para que aprendan el idioma. Lo cierto, sin embargo, es que son plazas de funcionario estatales, convocadas en el Boletín Oficial del Estado y sujetas a los reglamentos y leyes del ministerio, entre los que no figura la cuestión lingüística.

Ayer, tanto los rectores catalanes como el comisionado Mas-Colell, se limitaron a referirse a las notas antes mencionadas emitidas en los últimos días. El mismo silencio expectante se detectaba en la Administración catalana. El consejero de Cultura Jordi Vilajoana, se limitó a decir que "no comenta asuntos que están en proceso judicial". Sin embargo, Josep Millàs presidente de Omnium Cultural, institución de carácter nacionalista, identificada con CiU, aunque justificaba la actitud del rector de la URV recordando a este periódico que "a nivel constitucional y estatutario, el catalán y el castellano son lenguas oficiales en Cataluña" y que "la lengua catalana ha sido históricamente perseguida", reconocía que "basándose en fundamentos jurídicos se puede condenar la actitud del rector".

Los exámenes de selectividad se reparten sólo en catalán

Las respuestas de las pruebas de acceso a la universidad (PAAU) se pueden contestar en Cataluña indistintamente en catalán o en castellano, sin que el alumno tenga que dar razón alguna. El 71,7% de los alumnos escogió el catalán en la pasada convocatoria. Su uso ha crecido 16 puntos desde 1992, cuando fue utilizado por el 55,3% del alumnado.

La resolución de 1997 de la Generalitat sobre la organización de las PAAU se limita a dictaminar, en su apartado 9, que la Comisión Coordinadora "editará los enunciados de los exámenes en catalán". Y añade: "En cualquier caso, se tomarán las medidas necesarias para garantizar que no se lesionen los derechos de los alumnos".

Las directrices de la Administración educativa indican que se debe asegurar que existan en cada aula copias del examen en catalán y castellano. Sin embargo, a la hora de entregar la prueba a los alumnos sólo se debe repartir la copia en catalán. Si el alumno no entiende el contenido puede pedir que se le explique y, si definitivamente no lo comprende, se le debe proporcionar una copia en castellano.

Aunque éste es el primer conflicto serio que ha surgido en muchos años, lo cierto es que la cuestión del idioma en la selectividad lleva mucho tiempo levantando suspicacias y provocando situaciones conflictivas, puesto que está en manos de los rectores de las universidades y, en último caso, de los profesores que vigilan las aulas. Fuentes de la Administración catalana reconocen que determinadas universidades "esconden" deliberadamente los exámenes en castellano, y que ha habido que enviar urgentemente furgonetas con más copias para no ser pillados en falta.

Arola mantiene silencio

Miquel Prats, decano de la facultad de Jurídicas de la Universitat Rovira i Virgili, fue el encargado ayer de comentar el auto de apertura de juicio oral contra el rector Lluís Arola y el coordinador de las pruebas de selectividad, Joan Igual, ante el silencio que prefirieron guardar los acusados, informa Lali Cambra.

Prats coincidió con los defensores de Arola, según los cuales éste cumplió la legalidad, y recordó que la selección de profesores para los tribunales de corrección se realiza por designación "como en el resto de universidades". Prats cree acertada la decisión de apartar de las pruebas a los dos profesores "que se equivocaron en las jornadas de los exámenes" y considera que, sobre la constitucionalidad de las pruebas de acceso, la universidad no tiene por qué pronunciarse "cuando la obligación de la universidad es aplicar la normativa, por lo que es sorprendente que un juez tilde de inconstitucional que se apliquen las normas vigentes".