El Gobierno ya exigió hace dos años a Zabalgarbi un estudio actualizado sobre la incineradora

El Gobierno vasco exigió hace dos años a Zabalgarbi estudios detallados del suelo, vegetación, aire y agua del lugar donde pretende ubicar su incineradora de basuras, pero la empresa no los ha incluido en el proyecto presentado en el Ayuntamiento de Bilbao. La falta de esos análisis actuales ha sido reprochada por los técnicos del propio consistorio, ecologistas y EH. IU, que ayer explicó el contenido de sus 30 alegaciones en contra de la obra, exigió paralizarla "porque no ha presentado un proyecto definitivo y el estudio de impacto es un mero estudio de alternativas".

La carencia de estos estudios detallados ha sido censurada por el informe municipal técnico -que ha apreciado hasta 50 anomalías o carencias- y su existencia está regulada por el decreto de 1998 del Gobierno central que desarrolla el reglamento de las evaluaciones de impacto ambiental. Zabalgarbi ha aducido que elaborará estos informes cuando hayan comenzado los trabajos de construcción de la incineradora con el fin de que estén disponibles medio año antes de la puesta en marcha de la planta.Pero un informe del Servicio de Análisis de Medio Ambiente del Gobierno, firmado el 30 de junio de 1998 y que se incluye en el expediente municipal, ya exigió estos requisitos al analizar el estudio de impacto ambiental elaborado ese año por Zabalgarbi. "Debe incluir medidas in situ suficientemente representativas de la calidad del aire, lo que permitirá conocer la situación de partida", señalaba el texto. Junto a ello pedía una "diagnosis de la calidad de los suelos" y planteaba que "los factores ambientales usados para la detección de impacto son genéricos", al existir "elementos no suficientemente descritos por lo que difícilmente cabe determinar los impactos".

Impactos ambientales

El informe del Gobierno vasco, que a lo largo de seis folios desgranaba medio centenar de carencias, la mayoría técnicas, apuntaba que la caracterización de los impactos "debe pormenorizarse indicando la magnitud de cada uno y la necesidad de aplicar medidas correctoras, tal como define la normativa aplicable de la evaluación de impacto ambiental". En cambio, según constató el informe técnico elaborado en febrero pasado por el Ayuntamiento, ni siquiera se han incluido en el proyecto de Zabalgarbi estudios del impacto en dos embalses cercanos y sobre las actividades agrícolas y ganaderas.

El Departamento de Medio Ambiente, dirigido entonces y ahora por Patxi Ormazabal, es el encargado de tramitar la evaluación de impacto, labor que empezará a desarrollar ahora cuando reciba el expediente municipal, incluidas las más de 150 alegaciones presentadas por la plataforma ecologista Bizkaia Bizirik, EH, IU y el PP. Con una declaración positiva o negativa, la documentación volverá al consistorio bilbaíno, que deberá decidir si concede la licencia de actividad, último obstáculo para iniciar las obras.

IU, que ha presentado 30 alegaciones, exigió ayer la paralización del proyecto. Su portavoz en Bilbao, Julia Madrazo, explicó que los trámites deben suspenderse porque "éste no es el proyecto técnico definitivo. El Gobierno vasco puede imponer correcciones y Zabalgarbi debe asumirlas, por lo que el proyecto con los cambios, y no el actual, debe someterse a información pública". Madrazo dijo que el estudio de impacto no es tal. "No es específico para la ubicación de Artigas [el lugar elegido], sino que es un estudio genérico sobre las posibles alternativas de ubicación barajadas en su momento por Zabalgarbi. Este extremo está reconocido en el propio estudio".

IU ha objetado también que se incumple el Plan de Carreteras de Vizcaya "donde no se contempla el vial de acceso a la incineradora", falta un estudio de opinión sobre el proyecto "como recoge el artículo 10 del decreto de 1998", los cerca de 200 impactos potenciales han sido valorados "subjetivamente con una terminología diferente a la que establece el decreto", y censura la "inadecuación" del funcionamiento de la planta a sus objetivos de eliminación de basuras "porque dos meses al año generará electricidad sin quemar residuos o estará parada". A ello añade el control "poco efectivo de emisiones".

Madrazo concluyó que el proyecto "es una auténtica chapuza" que evidencia "la soberbia y prepotencia de Zabalgarbi". A su juicio "muchas de las deficiencias son insubsanables", por lo que el Ayuntamiento debe desestimar la licencia.