El Gobierno de Lagos descarta vetar la ley que otorga fuero especial a Pinochet

El Gobierno del presidente chileno, Ricardo Lagos, descartará la posibilidad de aplicar un veto a la controvertida reforma constitucional aprobada por una amplia mayoría en el Congreso el sábado pasado, con el rechazo de los socialistas, que estableció un estatuto al que pueden acogerse los expresidentes, otorgándoles un fuero especial, una pensión de por vida y protección personal, beneficios que el exdictador Augusto Pinochet mantendrá si renuncia a su condición de senador vitalicio.El Gobierno británico rehusó ayer tomar posición en la materia, porque lo consideró un asunto interno chileno, según afirmó un portavoz del Foreign Office, mientras en París la portavoz de Exteriores, Anne Gazeau-Secret, reiteró el deseo del Gobierno francés de que Pinochet "sea juzgado en Chile", aunque no criticó la resolución del Congreso.

Entretanto, el abogado Hugo Gutiérrez interpuso ayer la querella número 78 contra Pinochet, por el caso de tres socialistas ejecutados en Arica en 1973, que se intentó encubrir simulando un accidente. En el texto de la querella, un sargento que fue testigo dice que la orden la dio el propio Pinochet.

Aunque a la reforma se opusieron los socialistas en la votación final, y ésta es rechazada por las agrupaciones de familiares de víctimas de la represión, así como por el Partido Comunista (PC), el Gobierno había anunciado previamente que sólo la vetaría si había acuerdo de los partidos, pues la iniciativa emanó del poder legislativo y no del Ejecutivo.

Después de la aprobación de la reforma, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro García, planteó: "El Gobierno no ve la necesidad de tener un veto, porque el proyecto de ley nos parece claro en las materias que trata". El presidente Lagos tiene, en todo caso, un plazo de 30 días desde la aprobación de la reforma para determinar si aplica o no su facultad de veto. Lo que sí podría estudiar el Gobierno, agregó García, es una precisión en lo que señala el Código de Procedimiento Penal sobre el fuero, a través de otro proyecto de ley.

La legislación establece un procedimiento claro para desaforar a un parlamentario -como intentan hacer ahora los querellantes contra Pinochet para quitarle su fuero como senador vitalicio-, pero no para hacerlo con un expresidente. Las opiniones de los juristas están divididas, pues algunos consideran indispensable esa aclaración, mientras otros creen que el procedimiento para desaforar un exjefe del Estado debe ser exactamente el mismo que rige para un diputado o senador, aunque la ley no lo especifique.

El excandidato presidencial conservador Joaquín Lavín afirmó en sus primeras declaraciones desde la elección que lo ideal sería que Pinochet "estuviera en su casa", y no en el Senado o en los tribunales, respaldando así la propuesta del "retiro digno" del general que hizo la derecha, a cambio de aceptar reformas constitucionales.

Sin embargo, el Ejecutivo no está dispuesto a aceptar que el "retiro digno" incluya la impunidad del exdictador, especialmente con un electorado -y no sólo el que está situado más a la izquierda del Gobierno- que, cada vez que puede, demanda a gritos "¡Juicio a Pinochet!". Quienes piden a Lagos vetar la reforma, entre ellos el PC y abogados defensores de los derechos humanos, critican que el estatuto para los expresidentes aumenta la impunidad de Pinochet y puede dificultar la aplicación de justicia en su caso.