La defensa de Pinochet invocará que la ley de amnistía otorga impunidad al exdictador
Los abogados de Augusto Pinochet invocarán la ley de amnistía aprobada por la dictadura como argumento principal para impedir el desafuero del exdictador que examina estos días la Corte de Apelaciones de Santiago. El decreto-ley que deja impunes todos los crímenes cometidos desde el 11 de septiembre de 1973 (golpe de Estado) hasta marzo de 1978 es el mejor escudo de Pinochet, según varios abogados del entorno del general. Es precisamente en este periodo cuando se produjo el caso de la caravana de la muerte, por el que los abogados querellantes pretenden desaforar y juzgar a Pinochet.
"La amnistía significa impunidad. Es una extinción de responsabilidades que se dicta en estado de conflictos internos graves", declaró a EL PAÍS el general retirado Fernando Torres Silva, antiguo auditor del Ejército y miembro de la Corte Suprema durante 10 años. "El Ejército es respetuoso con las resoluciones judiciales. Lo ha demostrado siempre", añade este general muy cercano a Pinochet, que tuvo en sus manos la defensa jurídica de los uniformados acusados de violaciones de derechos humanos. "Ahora bien, el Ejército sabe lo que todos sabemos. Que ese periodo de tiempo por el que se pretende juzgar al general Pinochet está cubierto por una ley de amnistía. Y esta ley de amnistía se interpretó de una manera determinada durante más de 20 años. Y de pronto empezó a cambiar todo esto. Pero sólo en tres o cuatro fallos de la Sala Penal de la Corte Suprema y no del pleno".El cambio al que se refiere el general Torres Silva es la nueva doctrina que impera desde agosto del año pasado en la citada sala del más alto tribunal chileno, que considera el delito de desaparición de personas como un secuestro calificado (con agravantes), recogiendo una figura establecida en el Código de Procedimiento Penal. La doctrina de la Corte señala que es un delito que continúa en el tiempo, de ejecución continuada, que no termina hasta la aparición del secuestrado, vivo o muerto.
Ante un delito permanente, la ley de amnistía no es aplicable, aseguran los abogados querellantes y el juez Juan Guzmán, que ha pedido el desafuero de Pinochet por el secuestro calificado de 19 personas en la caravana de la muerte. Todas estas víctimas fueron fusiladas por los militares después del golpe de Estado. Los verdugos entregaron certificados de defunción, pero nunca los cuerpos.
Batalla judicial
La interpretación de la ley de amnistía será, pues, el eje de la batalla judicial entre los abogados defensores y acusadores de Pinochet. Los primeros están ultimando la formación de un amplio equipo jurídico-político, en el que figura nombres como Ambrosio Rodríguez, exprocurador general de la República durante la dictadura y defensor de varios militares; Gustavo Collao, coronel retirado y exsecretario privado de Pinochet, y Hernán Felipe Errázuriz y Miguel Ángel Schweitzer, que actuaron en la defensa del general en Londres. Otros letrados, como el general Torres Silva, estarán vinculados.
Por ahora, los uniformados no quieren ni oír hablar de un eventual escenario con Pinochet desaforado y juzgado, y mucho menos condenado. "Me cuesta mucho creer que se llegue a tal extremo", dice Torres Silva. "Porque la Corte Suprema no sólo debe aplicar la ley, sino que debe hacer justicia, con la prudencia que requiere la aplicación de justicia. No tengo respuesta para este escenario realmente caótico, porque sería caótico. Por la información un tanto privilegiada que tengo -me tocó ver la causas del general Arellano en la Corte Suprema, en la que estuve 10 años, desde el 88 hasta abril del 99-, creo que es una hipótesis que difícilmente puede darse. Casi imposible".
El comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, habló ayer por primera vez desde el regreso del exdictador a Chile: "Quiero expresar la gran satisfacción que siente toda la institución por el regreso al país del general Augusto Pinochet, después de haber sufrido una injusta y prolongada detención en el extranjero, así como también reiterar una vez más la disposición de continuar brindando todo el apoyo posible a su persona". En el regimiento Esmeralda, en Antofagasta, Izurieta afirmó que "los militares seguirán luchando para que la historia del Ejército sea escrita con la verdad de los hechos".
Durante las alegaciones sobre el desafuero de Pinochet que presentarán las partes en la Corte de Apelaciones el mes próximo, los abogados defensores se enfrentarán no sólo a los querellantes, sino al Consejo de Defensa de Estado (CDE, fiscalía) que se ha hecho parte en el proceso y ha anunciado una intervención activa para retirar la inmunidad parlamentaria del senador vitalicio. La presidenta de esta institución, Clara Szczaranski, ha declarado que cuando el CDE se involucra en un caso lo hace activamente. Ejemplo de ello es la designación del abogado Hernán Peñafiel como representante del CDE en el caso de la caravana de la muerte y en el proceso de desafuero de Pinochet. En su debú, este letrado alegó contra la libertad bajo fianza del general procesado Pedro Espinoza, uno de los máximos responsables de la DINA, la policía política de la dictadura. En su alegato, pidió que el militar siguiera detenido no sólo por haber diligencias pendientes, sino porque constituye "un peligro para la sociedad".
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