Una gran asignatura pendiente
La ausencia de un control independiente y neutral de los medios de comunicación audiovisuales es, sin lugar a dudas, una gran asignatura pendiente de la democracia española y, al mismo tiempo, un poderoso freno al desarrollo económico. Somos, en definitiva, el único país de la Unión Europea y uno de los pocos desarrollados del mundo que carece de un Consejo Audiovisual independiente, legitimado y capaz de organizar el complejo sistema de medios públicos y privados; y para colmo de males el único que mantiene un modelo de radiotelevisión pública tan endeudado económicamente y tan enfeudado a los designios gubernamentales.La última legislatura ha supuesto en este capítulo una nueva y lamentable decepción, pese al consenso general conseguido en el Senado en 1995. La propuesta gubernamental, que bloqueó todo posible acuerdo, se basaba en un organismo sin garantías de pluralismo en el nombramiento de sus miembros, sin estabilidad en sus funciones ni autonomía presupuestaria; y concebido como apéndice de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, en la que el Gobierno -como ha ocurrido recientemente- cesa libremente incluso a los miembros propuestos por la oposición.
No resulta extraño, pues, que el mundo audiovisual español siga en el ojo del huracán, sin visos de alcanzar una situación estable y equilibrada. En el campo de la radiotelevisión pública, la falta de una alta autoridad viene agravada por la gubernamentalización de los directores generales, la impotencia de unos consejos de administración sometidos a dinámicas partidistas y el extravío de las misiones de servicio público. La legislatura acabó así con RTVE denunciada ante el Defensor del Pueblo, diezmada en sus consejeros y situada por debajo de toda sospecha política. Pero los tímidos pasos adelante dados por las cadenas autonómicas, como la incompatibilidad entre parlamentarios y consejeros de la radiotelevisión regional, no las distancian significativamente de esta situación.
Las repercusiones sobre los medios privados no son secundarias, ni política ni económicamente. Por una parte, porque el Gobierno sigue actuando preferentemente a golpe de decretos, frente a las propias recomendaciones del Consejo de Estado, y continúa reservándose el poder de adjudicar las licencias y concesiones contra toda lógica de imparcialidad. Una situación de notable inseguridad jurídica que retrasa el desarrollo del sector, especialmente cuando se pretende impulsar el crecimiento de la televisión y la radio digitales. Por otro lado, el mismo Ministerio de Fomento que se arroga todas esas funciones ha mostrado repetidamente su incapacidad para el control del sistema audiovisual: las estadísticas sobre el cumplimiento de las cuotas de origen de los programas se apoyan en estudios no verificables de misterioso origen; las normas anticoncentración se incumplen sistemáticamente, con continuas violaciones de los topes legales de acciones y hasta con duplicidades accionariales prohibidas en varias concesionarias; incluso la vigilancia de la regulación sobre cantidades y fórmulas publicitarias emitidas, más soportable en años de vacas gordas publicitarias, constituyen un auténtico albur, con sanciones ocasionales en donde caben todas las arbitrariedades y, por tanto, todas las suspicacias.
La Comisión Europea ha vuelto a reiterar en diciembre pasado, en sus directrices para el sector audiovisual en la era digital, la importancia del audiovisual como espacio público y como motor económico; pero también la exigencia de una radiotelevisión pública con misiones democratizadoras de la política y la cultura, y de unos organismos reguladores no dependientes del Gobierno. El compromiso público y rotundo con estos principios debería ser un faro importante de la reflexión y la decisión de cada elector. Nos jugamos en ello la calidad del espacio público de la democracia española, pero también, y en el mismo envite, una vía importante del crecimiento y del empleo.
Enrique Bustamante es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense.
