El Gobierno concentra el poder sobre los medios

Ahora que el líder de la derecha, José María Aznar, se refiere a España como una marca -qué lejos aquello de la patria- se comprende cuan rápido evolucionan las añejas ideas del liberalismo. De las denuncias contra la concentración de medios de comunicación y el horror a los monopolios hemos pasado a un concepto completamente distinto: la concentración del poder del Gobierno sobre los medios de comunicación, materializado a golpe de leyes, decretos y órdenes ministeriales -casi una treintena de normas dictadas en cuatro años-, más un aluvión de concesiones que se reserva el Ejecutivo.Se han hecho muchas referencias a las amistades entre el presidente de Telefónica, Juan Villalonga, y el del Gobierno, como explicación de los intereses que han conducido a la creación de un gran grupo de medios en torno a aquella compañía; y se ha especulado con las consecuencias que acarreará la ruptura de esas amistades para la creación de nuevos grupos mediáticos. Pero el elemento previo, el condicionante que lo define todo, es que el Gobierno maneja las reglas de juego y decide quién puede jugar y a qué. En materia audiovisual, tiene menos competencias el Gobierno de Estados Unidos de las que dispone el español, salvando las distancias entre las dimensiones de ambos países.

Veamos lo que ha sucedido en la radio española. En 1997, el Gobierno creó 350 nuevas emisoras de frecuencia modulada, ampliando las más de 700 ya existentes, y atribuyó sus concesiones, en cupos, a los gobiernos autónomos. Política por todas partes. Los incidentes originados por estas concesiones -exclusión de la SER en el mapa de nuevas radios de Galicia; cancelación de tres emisoras de la Cope en Cataluña- dan cuenta de ello.

Además, Onda Cero ha cambiado de dueño: hasta 1998 era de la ONCE, y desde 1999 es de Telefónica. La transacción estuvo parada nueve meses hasta que el Gobierno promovió un cambio en la Ley de Ordenación de Telecomunicaciones (LOT) para dejar de exigir que las acciones de las empresas de radio fueran nominativas. Al día siguiente de consumado ese cambio legal, Telefónica compró Onda Cero. El nuevo empresario echó a Julia Otero y todo eso; pero no se habría llegado a la humillación de los profesionales y de su audiencia si antes no se hubiera usado el poder político para que la radio tuviera nuevo dueño.

Y, además, se ha producido la regulación de la radio digital. Un simple decreto determinó que en España funcionen hasta 36 programaciones o canales de radio digital, distribuidos en 18 de ámbito nacional, 12 autonómicos y seis locales. El Gobierno ha otorgado seis de los 18 nacionales a RTVE, y se ha reservado a sí mismo la concesión de otros 12 a operadores privados: ayer mismo repartió los 10 primeros.

En cuanto a la televisión, una de las operaciones clave fue el cambio de propiedad en Antena3, que pasó de las manos de Antonio Asensio a las de Telefónica con permiso del Ministerio de Fomento, que lo dio el 14 de julio de 1997 "sin necesidad de ir más allá de comprobar lo declarado", según explicó en su día al Congreso el ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado. Para no vulnerar abiertamente la legislación de la época, que impedía a un mismo accionista tener más del 25% de una televisión, Telefónica compartió el paquete accionarial a la venta (43%) con los bancos Santander y BCH, comprometiéndose con ellos a garantizarles la liquidez y el mantenimiento del valor de su inversión en Antena 3 TV "durante el segundo año de inversión".

¿Qué hizo el Gobierno para que Telefónica pudiera cumplir su parte en el pacto? Muy sencillo: cambiar la ley. En diciembre de 1998, y con una simple enmienda durante el debate de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, el Ejecutivo eliminó el tope del 25% de acciones en manos de un solo dueño y lo elevó al 49%. En los meses siguientes, Telefónica recompró suficientes acciones a sus socios bancarios como para alcanzar ese porcentaje en Antena 3 Televisión.

Este par de decisiones políticas se tomaron en plena sintonía entre el Gobierno y Telefónica. Tal vez sea mera casualidad pero, ahora que esa sintonía se ha roto, el Gobierno ha decidido ampliar el número de televisiones privadas y prohibir a los dueños de los actuales operadores que puedan serlo también de alguna de esas nuevas cadenas. De nuevo, el Gobierno cambia las reglas del juego, en este caso en plena campaña electoral.

Este cambio se inserta en una decisión estratégica de mucho mayor alcance, que es la de apagar el actual sistema analógico de televisión, en 10 años, y obligar a todos los operadores a emitir en digital terrestre. Tamaño cambio fue decidido por un simple decreto, en 1998, y desde entonces el Gobierno no ha parado de establecer condiciones derivadas de esa decisión. Primera: ha obligado a las televisiones privadas existentes (Tele 5, Antena 3, Canal +) a comprometerse a emitir en ese sistema para ver renovadas sus permisos. Y ha otorgado una licencia nueva de televisión privada a Onda Digital (hoy llamada Quiero), controlada por Retevisión. Además, ha convocado la concesión de dos canales más, con la expresa advertencia de que son para introducir a nuevas empresas en el sector televisivo.

Según el diseño hecho por el Gobierno, en pocos años habrá 40 canales nacionales de televisión terrestre (frente a los 5 actuales), además de los autonómicos y de las plataformas por satélite.