Chávez visita Madrid en medio de las denuncias por corrupción contra su Gobierno
El presidente venezolano, Hugo Chávez, llegó ayer a España perseguido por el peor trance de su primer año de mandato. Tres jefes que le acompañaron en los dos cuartelazos de 1992 le acusan de consentir la corrupción y el tráfico de influencias en el Gobierno a sabiendas de su existencia, de incumplir su promesa fundamental: la lucha contra la impunidad. Entre dos fuegos, a codazos en su movimiento político, la determinación del gobernante contra la corrupción del viejo bipartidismo choca con su vacilación a la hora de acometer la denunciada entre sus próximos.
El mandatario venezolano, que visita España para participar en un foro para la reconstrucción de Vargas organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, ya ha declarado: "Que se encarcele a quien haya que encarcelar".El fiscal general, Javier Elechiguerra, prometió investigar a fondo, pero la oposición duda de que vaya a hacerlo pues fue promovido en el cargo por el principal implicado: Luis Miquilena, presidente de la Comisión Legislativa Nacional (CLN), llamada El Congresillo, relevo de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que funcionará hasta las elecciones presidenciales y legislativas del 28 de mayo.
"Pienso demostrarle al país que el ministerio público sí investiga. Treinta años de mi vida los he dedicado a combatir la corrupción", aseguró Elechiguerra, titular también del Consejo Moral Republicano (CMR), el quinto poder en la revolución bolivariana, cuyos hombres coparon todas las instituciones del Estado. Lo hicieron a caballo de los sucesivos triunfos electorales del chavismo y del poder plenipotenciario de que se dotó el 25 de abril de 1999 la ANC, 121 de cuyos 131 escaños fueron ganados por el oficialismo en las elecciones del 25 de julio de ese año. La Asamblea Constituyente redactó la rupturista Constitución aprobada en referéndum el 15 de diciembre pasado. Los partidos tradicionales, Acción Democrática (AD), socialdemócrata, y Copei, democristiano, fueron barridos y a sus restos se les negó el acceso a las nuevas instituciones.
No obstante las garantías ofrecidas por el fiscal, las turbulencias causadas por las denuncias efectuadas el pasado 4 de febrero en un nuevo aniversario de la primera asonada contra el segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-79; 1989-93) han causado ya desconcierto y fisuras en la coalición gubernamental Polo Patriótico, y empujones entre quienes en su seno riñen por las candidaturas a las 23 gobernaciones de Estado, alcaldías o diputados de la nueva Asamblea Nacional (Congreso). "No aceptaré luchas (...). Vayan a buscar el aliento del pueblo y no a buscar pelea", pidió Chávez este sábado.
El pueblo que vota, mayoritariamente gubernamental, observa la lidia de la quiebra interna por los nuevos poderes, y, por otra parte, la pelea intramuros ya está dada. Los cargos contra los principales colaboradores del jefe de Estado, y contra él mismo por elevación, fueron presentados por el teniente coronel retirado Jesús Urdaneta, director de la policía política (DISIP) hasta su renuncia, en enero. "Esto no es más de lo mismo, sino peor", dijo. Su blanco es el octogenario izquierdista Luis Miquilena, prolongación de Chávez durante el funcionamiento de la ANC, su primer ministro de Interior. Según el pliego, contrató a dedo la impresión de un millón de ejemplares de la nueva Constitución en Impresores Micabú, de la que es "accionista mayoritario".
El contrato habría ascendido a 138.000 dólares (algo más de 23 millones de pesetas). En esa firma tiene también acciones el ex presidente de la Comisión de Justicia de la ANC Manuel Quijada, quien a su vez alegó desconocer la existencia de un contrato que le benefició. El dueño de Multinacional de Seguros, Tobías Carrero, es amigo de Miquilena, dirige también la imprenta donde se imprimieron las Cartas Magnas y obtuvo otro contrato más importante: las pólizas de los empleados públicos. Franklin Arrieche, actual presidente de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), también aparece implicado en el escándalo como directivo de la aseguradora, pero argumenta que renunció antes de asumir como magistrado del TSJ.
Blindado "moralmente"
La aseguradora colaboró en 1998 en la campaña de Chávez, investido presidente el 2 de febrero de 1999 después de ganar las elecciones de diciembre del año anterior. "Yo le garantizo que estoy moralmente blindado", se defendió el mentor político del presidente. Miquilena afirmó igualmente haber renunciado a todos los puestos en el sector privado antes de entrar en el Gobierno.
El ministro de Exteriores, José Vicente Rangel, e Ignacio Arcaya, titular de Interior hasta su nombramiento como embajador ante la ONU, fueron citados por Urdaneta como proclives al clientelismo y vicios del bipartidismo que arruinó Venezuela durante sus cuarenta años de hegemonía.
Hecha añicos la oposición tradicional pese al intento del constituyente socialdemócrata Claudio Fermín de resucitarla con la presentación este fin de semana del movimiento Encuentro Nacional, y negando Miquilena, Rangel y Arcaya haber cometido delito alguno, el militar de las denuncias se ha constituido en el primer opositor de Venezuela esgrimiendo las grabaciones telefónicas y el material conseguidos como titular de la DISIP.
