La Oficina Antifraude sospecha que hay funcionarios implicados en las anomalías

La Oficina Antifraude de la Unión Europea, que ha requerido la investigación del posible fraude en las ayudas a la industrialización de cítricos, sospecha que hay funcionarios de la Administración implicados en el caso. El hecho de que sean los Gobiernos los encargados de controlar que los kilos declarados coinciden con la realidad, hacen pensar a Bruselas que el fraude precisa de la complicidad de los funcionarios. El director general de Producción Agraria de la Generalitat Valenciana, Enrique Bellés, se mostró ayer tranquilo ante esta posibilidad. "La Consejería de Agricultura viene realizando los controles que marca la normativa, tanto durante la campaña citrícola como al final de la misma", señaló Bellés, que añadió que fruto de este control se abrió un expediente a una organización de productores de Elche. Bellés añadió que "en ninguna de las visitas a España del Tribunal de Cuentas ni de la Comisión Europea" han recibido recriminación alguna sobre su actuación en el control de las ayudas.El alto cargo del gobierno valenciano señaló que hasta la fecha no han recibido comunicación alguna de la apertura de una investigación, y añadió que la Generalitat persigue la mayor transparencia en el sector.

El sistema de ayudas a la industrialización citrícola cambió en 1996 con la aprobación de la nueva OCM de Frutas y Hortalizas. Antes del nuevo texto, eran las empresas transformadoras las que recibían las subvenciones, mientras que en la actualidad, son los productores los que las cobran, lo que ha obligado a los cazaprimas a variar su sistema de actuación, llegando a acuerdos con los agricultores para conseguir cobrar más ayudas.