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La UE acepta el sistema español de pago

La directiva marco europea sobre políticas del agua ha traído de cabeza a España desde que comenzó a fraguarse hace ya años. Sus redactores tenían presentes los problemas que afectan a este recurso desde el punto de vista centroeuropeo, donde es muy abundante y les preocupa eliminar la contaminación.Para los países como España, con clima mediterráneo semiárido, lo prioritario es su disponibilidad, que haya agua cuando y donde se necesita.

Además de poner énfasis en recuperar la calidad de las aguas fluviales y subterráneas, la Comisión Europea aprovecha la directiva para trasladar a los Estados miembros la necesidad imperativa de repercutir en los usuarios todos los costes de la recogida, traslado y depuración del agua hasta que llega al grifo o los campos de regadío. De aplicar este criterio a rajatabla, muchas explotaciones agrarias de regadío se abandonarían.

Los europarlamentarios españoles de todos los signos políticos han trabajado todos a una para intentar armonizar este criterio con la tradición histórica seguida en España, que ha sido y es un modelo que repercute progresivamente a los usuarios el coste que le supone al Estado llevarles el agua. El secretario de Estado de Aguas y Costas, Benigno Blanco, se siente satisfecho por haber logrado que se acepte el sistema español.

Otra de las propuestas que preocupaban en España era el "maximalismo" del artículo 49 de la directiva, que exigía una acreditación comunitaria para hacer trasvases cualquiera que sea su dimensión. Para Blanco, esta exigencia es de difícil aplicación en España porque desde los tiempos de los romanos se derivan caudales de un arroyo a otro o entre ríos. Hay miles de minitrasvases.

"Si se hubieran prohibido los trasvases, tal como planteaba una enmienda de la Comisión, hubiera sido un desastre. Afortunadamente, esa enmienda ha sido anulada por el Parlamento", añade Blanco.

La tercera gran cuestión, ya directamente vinculada a la calidad de las aguas, se deriva de las enmiendas contradictorias que la propia Comisión había incluido, según estima Blanco. El texto aprobado finalmente por el Parlamento no es del agrado del secretario de Estado: "Nosotros defendíamos que fuera acorde con la Directiva IPPC [aplicar las mejores técnicas disponibles para reducir los vertidos contaminantes] y otras en vigor".

Blanco considera inviable pretender reducir a cero la contaminación como propone la Directiva. "Había enmiendas que insistían en marcar objetivos de calidad por tramos de río, tal como planteaba España", dice. Desde el Ministerio de Medio Ambiente no se pierde la esperanza de que esta cuestión se modifique en el trámite de conciliación entre la Comisión y el Parlamento para alcanzar una redacción definitiva de la directiva, que se espera esté lista antes de fin de año.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 17 de febrero de 2000