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En 20 años Europa tendrá que haber eliminado los vertidos tóxicos al agua La directiva de la Eurocámara obliga al usuario a pagar los costes medioambientales

El Parlamento Europeo aprobó ayer numerosas enmiendas a la propuesta de directiva sobre la calidad del agua. El texto, que deberá ahora ser discutido en el Consejo de Ministros de la Unión, reduce de 16 a 10 años el periodo transitorio para alcanzar los objetivos mínimos de calidad y fija en el 2020 la fecha para eliminar totalmente los vertidos tóxicos. Desde el 2010, empresas, agricultores y particulares contribuirán a compensar los costes medioambientales por aplicación del principio "quien contamina paga". En síntesis, el agua será más cara.

Los grupos ecologistas saludaron con gran satisfacción las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo, aunque éstas deberán ser pactadas con el Consejo de Ministros de la Unión en un previsible proceso de conciliación que se anuncia espinoso y muy polémico. Los eurodiputados españoles de los grupos mayoritarios se quedaron con un sabor agridulce. Dulce porque fue rechazada la enmienda que ponía nuevas trabas a los trasvases de agua y agrio por el recorte de los periodos de transición para ajustarlos a un calendario de difícil cumplimiento para España.A juicio del grupo parlamentario de los Verdes, la aprobación de las enmiendas ha sido "un éxito frente al lobby de la industria química", aunque admitieron que será "difícil" que los Estados miembros "acepten que el precio del agua estimule su uso eficiente y sostenible". Para este grupo, de haber estado ya en vigor esta directiva se habría podido prevenir una catástrofe como la del Danubio.

Para la popular española Cristina García-Orcoyen, "el precio del agua debe promover el uso eficiente del recurso, tener en cuenta la diversidad de las regiones afectadas y garantizar la competitividad de los sectores productivos". A juicio de la socialista Maruja Sornosa se deben garantizar "precios asequibles para todos los niveles de consumo".

La directiva marco aprobada ayer en segunda lectura parlamentaria -y pendiente aún de que el Consejo acepte las nuevas enmiendas- pretende acabar con la actual fragmentación legislativa en materia de agua y proteger todas las aguas de superficie, costeras, interiores y subterráneas, evitando el deterioro adicional, y contribuir a la lucha contra las inundaciones y sequías. Una vez aprobada, deberá ser desarrollada con una serie de directivas sobre las materias específicas aprobadas en la ley marco. La directiva podría estar aprobada poco antes del verano o en la sesión de septiembre.

"Quien contamina paga"

Los objetivos fijados por el Parlamento son mucho más ambiciosos de los que había acordado el Consejo de Ministros. La Cámara propone reducir a 10 años desde la entrada en vigor, en lugar de 16 como quieren los Estados miembros, el periodo de transición para conseguir los objetivos de calidad de las aguas, tanto en superficie como subterráneas y de zonas protegidas.

Establece como objetivo para el 31 de diciembre de 2020 la total eliminación de vertidos, emisiones y pérdidas de sustancias peligrosas en el medio acuático y considera como producto contaminante a toda sustancia radiactiva.

Establece que los Estados garantizarán a más tardar a partir de 2010 "que las políticas de tarificación del agua contienen incentivos adecuados para que los usuarios utilicen los recursos del agua de manera eficaz" y "una contribución adecuada de los distintos sectores económicos, desglosados, como mínimo, por industria, unidades domésticas y agricultura, a la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua (...) teniendo en cuenta el principio de que quien contamina paga". Aunque matiza que "en este contexto, los Estados miembros podrán tener en cuenta los correspondientes efectos sociales y económicos, así como las condiciones geográficas y climáticas de la región o regiones afectadas".

No prosperó la enmienda que pretendía endurecer las condiciones para efectuar un trasvase de agua entre cuencas introduciendo la "limitación de los trasvases a aquellos casos en que se demuestre que se han adoptado, en la cuenca receptora, todas las medidas destinadas a reducir la demanda".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 17 de febrero de 2000