Sin previsión de futuro

La regulación del profesorado universitario en situación precaria era uno de los apartados de la modificación de la Ley de Reforma Universitaria (LRU, 1983) que los rectores llevan reclamando toda la legislatura. Éstos propusieron la creación de nuevas figuras de profesorado adaptadas a las necesidades de futuro de las universidades, pero se han tenido que conformar con lo que califican de "retoques parciales", introducidos mediante dos reales decretos, aprobados por el Consejo de Ministros el pasado viernes, dos meses antes de las elecciones generales.Los cambios consisten en la creación de una nueva modalidad de contratación de profesorado como asociado doctor a tiempo completo, con la misma retribución que los titulares universitarios; la eliminación del límite de contrataciones de los profesores asociados a tiempo completo, establecida actualmente en tres años; la introducción de una evaluación externa del profesorado asociado a tiempo completo para la renovación de los contratos; los complementos para los titulares de escuela universitaria y el aumento de la cantidad máxima que se puede obtener por complementos docentes y de investigación.

Actualmente el profesorado universitario se divide en profesorado funcionario -que son los catedráticos de universidad y de escuela universitaria, y los titulares de facultad y de escuela universitaria- y en profesorado contratado - que son los ayudantes y los asociados-. Los asociados aparecen recogidos en la ley como profesionales en ejercicio que son contratados por las universiades a tiempo parcial. Sin embago, esta figura se ha pervertido y se ha utilizado como sistema habitual de contratación de profesores tanto a tiempo completo como parcial.

Necesidades de futuro

Educación pactó con los sindicatos, también la semana pasada, la inversión que se destinará para hacer realidad las modificaciones aprobadas: el Gobierno aportará 7.000 millones de pesetas este año, inversión que mantendrá sólo durante los próximos dos años. Por su parte, las comunidades autónomas deben aportar otro tanto (1.750 millones el primer año, 2.450 el segundo y 3.500 el tercero). La oposición y la mayoría de los rectores advierten de que esta cantidad "no es en absoluto suficiente" para solucionar la situación de los 10.000 profesores asociados en situación precaria y califican la reforma realizada de "retoques que no están adaptados a un plan de necesidades de futuro".

En cambio, los sindicatos se han mostrados satisfechos con el acuerdo "peleado" durante toda la legislatura, como señala el secretario general de Enseñanza de CCOO, Fernando Lezcano. "Satisface muy antiguas reivindicaciones y soluciona importantes problemas con medidas complementarias de estabilidad y promoción de las plantillas", opina Lezcano. En cambio, la incertidumbre sobre si la Administración garantizará en el futuro a las comunidades fondos específicos para mantener los nuevos contratos que puedan realizarse es otro factor que ha despertado el recelo en las universidades a la hora de empezar a hacer contratos.

Para el rector de la Universidad de Barcelona, Antonio Caparrós, y vicepresidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españoles (CRUE), el acuerdo es "un apaño porque se debería haber abordado el problema del profesorado de una forma más profunda y a largo plazo". Sin embargo, matiza: "Nadie duda de que es necesario solucionar situaciones de gran injusticia que se están dando, y las universidades no hemos tenido presupuesto desde hace años para solucionarlas". Caparrós opina que con la inyección del Gobierno se podrá estabilizar a parte del profesorado, lo que permitirá "hacer una reforma de la ley sin la presión actual, que hubiera alterado el proceso político".

El rector de la Universidad de Barcelona insiste en algunos aspectos a reformar: la distribución de las competencias de las universidades, la relación entre docencia e investigación y el replanteamiento de las áreas de conocimiento.

El rector de la Complutense de Madrid, Rafael Puyol, opina que "consolidar al profesorado asociado a tiempo completo es un retoque parcial" porque se necesita una solución más en profundidad. Sobre la cuantía pactada, señala que permitirá "empezar a regular a algunos profesores, pero en modo alguno es suficiente para todos". "Ya en la situación actual, nuestra subvención nominativa para cada año está lejos de resolver los principales problemas: lo que recibimos para profesorado sólo cubre el 90%, y el resto debemos sacarlo de otros conceptos".

Puyol explica que es ahora cuando las universidades tienen que replantearse su futuro, lo que precisará una reforma más compleja de la contratación del profesorado: "Ha terminado una etapa de masificación y tenemos ante nosotros unos retos inaplazables. Debemos apostar por la mejora de la calidad, la formación continua y permanente, la investigación y por establecer más contactos con empresas e instituciones. Para ello, debemos habilitar fórmulas que permitan incorporar a diversos profesionales a la universidad, algo que es imprescidible e inevitable en un proyecto de futuro".