Juez y/o español

Un lamento, la pasada semana, del ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, puede resultar chocante. Apeló a la existencia de un Tribunal Penal Internacional (TPI) para evitar "que sea la política exterior de un solo país la que pague las consecuencias de la aplicación de justicia internacional". Más allá de que en todo este asunto del largo caso Pinochet el Gobierno español haya tratado, sin éxito, de satisfacer a todos y todo sin pagar coste alguno, esa reflexión es también reflejo de un intento de conciliar dos principios que han estado enfrentados desde un principio: los dictados de esa relativamente nueva justicia internacional (y nacional) con los del interés nacional.Independientemente de que razones de salud u otras puedan dejar vacío el proceso de extradición de Pinochet a España, probablemente el caso hubiera podido casar estos dos principios si en vez de iniciar la demanda de detención y de extradición un juez español lo hubiera hecho un juez francés o suizo, o si Garzón hubiera desistido a favor de él. Pues, aunque el derecho internacional esté de su parte, España, pese a ser más sensible y estar más cercana a lo que ocurrió en Chile, estaba en la peor posición política, social e histórica -no judicial- para juzgar a Pinochet: por nuestro pasado; porque nuestro general murió de muerte natural casi cuarenta años después de su golpe, y no cayó (como tampoco Pinochet), pese a que algunos se les escape tal expresión; y porque nuestra transición se hizo desde el olvido político-judicial, que no histórico, del pasado, mientras la de Chile arrancó supervisada por el propio Pinochet.

No es que no pueda, sino que Pinochet no debe ser juzgado en España. Por estas razones, y por esas relaciones con América Latina, esenciales para España, pues más allá de la retórica y de la economía definen el ser de este país, incluso más que la inversa. Pero la inversa también cuenta. La detención del ex dictador en Londres a instancias de un juez español ha coincidido con la entrada en masa de capital español en América Latina, y concretamente en Chile, donde Telefónica tuvo recientemente que cambiar algunos mensajes grabados pues los había importado con acento de Valladolid en vez de hacerlos de nuevo allí con voces locales. En 1999, España le ha arrebatado a Estados Unidos el primer puesto como inversor empresarial en América Latina. Justamente en estos momentos más que nunca desde el XIX, España debe cuidar, no proyectar, una imagen imperial, justicia incluida, en una América Latina que, sin embargo, también debe empezar a asumir el cambio de mundo y la erosión de la sacrosanta idea de la soberanía nacional. Pues el caso Pinochet ha puesto de relieve que hay una jurisdicción internacional, reconocida en las propias leyes chilenas.

En el último tramo, en la carta que Garzón pidió la pasada semana que el Gobierno español trasladara a Straw, el juez español llegó a afirmar que actuaba por una "obligación no sólo legal, sino éticamente irrenunciable". Pese a toda la simpatía que genere el caso, en el ejercicio de sus funciones un juez no debería mezclar legalidad y ética. A pesar de todo, hay que agradecer al juez Garzón lo hecho. Acabe como acabe, ha sentado un precedente contra la impunidad de los que han perpetrado crímenes contra la humanidad. Y ha puesto de relieve la necesidad urgente de que lanzar el TPI, cuyo estatuto está en un proceso de ratificación en España, no completamente exento de problemas, pues la nueva legislación puede llegar a cuestionar la inmunidad de los parlamentarios. Además, ha impulsado el diálogo y la revisión del pasado en Chile.

En España, el caso también ha llevado a retratarse a algún fiscal, como Fungairiño, que llegó a justificar el golpe de Pinochet contra Allende. Antes de dar lecciones fuera, no cabe olvidar que la casa propia no está completamente limpia. Claro que si en los próximos días Pinochet vuela de Inglaterra, la pregunta cargada de tragedia no será ya tanto qué hacer con él, física y moralmente derrotado, sino cómo reparar a sus víctimas, a las que se les habrá negado la justicia. Si al menos sirviera un ¡Nunca más!