La Comisión Europea revisará sus decisiones tras el pacto

La Comisión Europea examinará la nueva situación generada tras la firma del acuerdo entre los gobiernos central y vasco para, en consecuencia, revisar sus decisiones respecto a las causas que tiene abierta contra la fiscalidad vasca, según señalaron ayer fuentes comunitarias. El órgano de gobierno de la Unión Europea abrió el pasado julio un procedimiento contra algunos incentivos vascos a la inversión al considerarlos ayudas de Estado incompatibles con el mercado único, dado que "se financian con recursos públicos, favorecen a determinadas empresas, falsean la competencia y afectan a los intercambios entre los estados miembros".Ahora esta actuación de la Comisión Europea contra las vacaciones fiscales y el crédito del 45% a las inversiones superiores a 2.500 millones de pesetas puede cambiar, dado que estas medidas ya se pueden dar por eliminadas de inmediato. Además, para asegurarse de que los miembros de la Comisión (entre ellos Loyola de Palacio y Pedro Solbes) conozcan los términos del acuerdo firmado ayer, se desplazará en breve a Bruselas una delegación mixta formada por enviados de las administraciones vascas y del Gobierno central.

El viaje tendrá como principal cometido reclamar que se archiven las diligencias emprendidas desde Bruselas, algo que tanto Madrid como Vitoria entienden "una consecuencia normal" tras la derogación de las normas más conflictivas. En cualquier caso, el procedimiento abierto desde la Comisión Europea no tiene vinculación con la cuestión prejudicial que estudia el Tribunal de Luxemburgo. Esta causa puede desaparecer automáticamente una vez que el Estado retire el recurso ante el Tribunal Superior vasco contra las vacaciones fiscales de 1993.

Espera en el Superior

El primer lugar donde deberá tener una repercusión directa la retirada de los recursos es el propio Superior, que está a la espera de que la Abogacía del Estado presente un escrito formal para que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo pueda archivar las causas pendientes.

Si se sigue el procedimiento esperado, la Abogacía del Estado presentará el escrito ante la sección presidida por Enrique Torres, y ésta dictará un auto de desistimiento. De no haber alegaciones, se archivarán definitivamente los recursos. Al mismo tiempo las diputaciones y el Gobierno comunicarán al tribunal su acuerdo con esta medida. Un proceso similar debe producirse en el Tribunal Supremo donde las administraciones vascas tienen presentados 26 recursos de casación a las sentencias que hasta ahora les han sido adversas.