Straw estudiará varios días las alegaciones antes de liberar a Pinochet
El ministro del Interior británico, Jack Straw, informará a España y a Augusto Pinochet con anticipación -el día anterior- cuándo prevé anunciar su decisión final de poner en libertad al ex dictador chileno. Straw dijo ayer, tras recibir las alegaciones de España, que se tomará algún tiempo para estudiarlas. Los argumentos plasmados en las alegaciones enfatizan que en su papel judicial o casi judicial, el ministro no debería liberar a Pinochet sin revelar el contenido del informe médico ya realizado y sin ordenar antes un segundo examen médico.
Fuentes solventes aseguran que el ministro no variará su posición y que la libertad de Pinochet tendrá lugar la semana próxima. En una carta dirigida ayer al abogado Geoffrey Bindman, que representa a Amnistía Internacional (AI), varias organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas, la funcionaria Fenella Tayler, de la sección de extradición del Ministerio del Interior señala: "Si el ministro, después de recibir las alegaciones, decide no ordenar la extradición del senador Pinochet, dará sus razones en el momento de anunciar su decisión. El ministro propone anunciar su eventual decisión simultáneamente a Pinochet y a España, a través de la Fiscalía de la Corona, y dar a ambos la información, el día anterior, sobre el momento que adoptará su decisión. Cualquier recurso legal contra una decisión de no extraditar al ex dictador corresponde hacerla al Reino de España, pero el ministro está dispuesto a darle la información al mismo tiempo que a esas dos partes".Mientras Straw hacía declaraciones en el sentido de que "ciertamente no será un asunto de horas, nada de eso, esto es un asunto muy serio", colaboradores próximos al ministro dijeron que "no se espera una decisión antes de la semana próxima". Dichos asesores explicaron que Straw consultará las alegaciones planteadas por todas las partes e intervinientes en el procedimiento de extradición con la persona que le ha asesorado en esta operación. Se trata del conocido abogado Jonathan Sumption, abogado de la Reina, uno de los primeros espadas -en prestigio y honorarios- del Reino Unido.
Discreción casi judicial
En sus alegaciones, AI y las organizaciones de derechos humanos señalan a Straw que "su discreción es amplia y debe ser ejercida judicial o casi judicialmente, como usted siempre ha reconocido, y con debido respeto a los propósitos de la ley y su contexto". Agrega que "aun en el caso de que la decisión pudiera adoptarse, no sería razonable ni apropiado para usted hacerlo cuando dichas decisiones son normalmente resueltas por un tribunal con la posibilidad de un examen médico y el interrogatorio de testigos médicos".
Añade que "correspondería a Pinochet recurrir la orden de extradición en los tribunales con el argumento de que está incapacitado para someterse a juicio y pudo haberlo hecho ante el magistrado del tribunal penal de Bow Street o ante el Alto Tribunal de Justicia en su recurso del pasado mes de diciembre".
El escrito, una amplia reflexión jurídica y procesal, cuestiona uno de los pocos ejemplos -quizá el único, afirma- que los asesores de Straw van a utilizar a la hora de valorar la jurisprudencia en procedimientos de extradición. "No tenemos constancia de ningún caso en la que se ha rechazado una extradición con el argumento de que la persona está incapacitada para someterse a juicio sin una decisión de un tribunal. En el caso de Roisin McAliskey , su estado de salud fue considerado por el tribunal penal de Bow Street en varias ocasiones y por el Alto Tribunal de Justicia". La carta insiste en el papel que desempeña Straw. "Usted ha aceptado que su función es casi judicial, una función en la que está usted obligado a cumplir los principios de la justicia natural. El derecho a ser informado de los argumentos que apoyan la libertad de Pinochet es una exigencia de justicia natural para nuestros clientes".
Contrario a la justicia natural
Se dice a Straw: "El procedimiento que usted ha utilizado es contrario a esa justicia natural porque deniega a las partes la oportunidad de recurrir las pruebas médicas y la base de la decisión. La negativa a revelar las pruebas médicas deniega una justa oportunidad a aquellos que ha invitado a alegar para que lo puedan hacer con eficacia".
Las alegaciones incluyen dos documentos médicos de interés. Uno de ellos está firmado por el doctor Robert Howard, miembro del King´s College de Londres, y calificado como uno de los psiquiatras especializados en tercera edad más prestigiosos del país; el otro es del doctor Nori Graham, psiquiatra experto en tercera edad del Royal Free Hospital y presidente de la sociedad Alzheimer International. Ambos señalan que parece inexplicable que en el equipo de cuatro médicos que revisaron a Pinochet el 5 de enero no se incluyera un psiquiatra y mucho menos un experto en tercera edad.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Caso Pinochet
- Chile
- Amnistía Internacional
- Conflictos diplomáticos
- Jack Straw
- Extradiciones
- Augusto Pinochet
- Política exterior
- Reino Unido
- Cooperación policial
- Europa occidental
- ONG
- Sudamérica
- Casos judiciales
- América
- Europa
- Solidaridad
- Relaciones internacionales
- Relaciones exteriores
- España
- Política
- Sucesos
- Justicia
- Sociedad