La "paz fiscal" sellada entre los Gobiernos central y vasco caduca dentro de dos años

La paz fiscal sellada ayer por las administraciones central y vasca tiene fecha de caducidad. El acuerdo tiene la misma vida que le queda al actual Concierto Económico vasco, dos años. El 1 de enero de 2002 deberá entrar en vigor un nuevo Concierto que determine otras reglas de juego que pueden incluir o no el instrumento de diálogo ahora pactado, la comisión paritaria de evalución de la normativa fiscal foral y de territorio común. La Comisión Europea estudiará si retira los recursos tras los que ordenó una investigación mientras las comunidades autónomas vecinas, que habían presentado recursos, esperarán a que el acuerdo sea "efectivo" para formalizar su retirada.

El pacto firmado por la administraciones central y vascas (diputaciones forales y Gobierno vasco) sólo tiene dos años de vida. La negociación del nuevo Concierto, que se iniciará la próxima legislatura, deberá establecer sus mecanismos de regulación. Así, la recién creada Comisión Paritaria de Evaluación, que debe quedar constituida antes del 1 de marzo, puede tener una corta vida. Esta comisión, piedra angular del acuerdo, tratará de acordar toda aquella normativa, bien de la Hacienda del Estado bien de las haciendas forales, sobre la que exista discrepancia.El acuerdo debe comunicarse al Tribunal Superior de Justicia vasco y a la Comisión Europea, que inició la investigación tras encontrar indicios de que las normas fiscales vulneraban la competencia. Fuentes de la Comisión dijeron que analizarán el acuerdo antes de de tomar una decisión.

El vicepresidente Rodrigo Rato señaló que el acuerdo facilita la negociación del nuevo Concierto que, si no, podría haber caído en un vacío legal. En todo caso, la buena voluntad y el triunfo del Concierto fueron ayer las ideas más repetidos tanto por Rato como por la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia.

El acuerdo firmado por el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, y Zenarruzabeitia, en el seno de la Comisión mixta del cupo, termina con 10 años de judicialización del Concierto Económico. Supone la retirada de todos los recursos pendientes antes del 31 de marzo y la derogación de los incentivos fiscales vascos a la inversión más discutidos, entre ellos las minivaciones fiscales para empresas de nueva creación, que conllevan una reducción en la base imponible del 99%, el 75%, el 50% y el 25% en los cuatro primeros años, y el crédito fiscal del 45% a las inversiones de más de 2.500 millones.

El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, restó importancia a lo que calificó de "armisticio fiscal" entre las Administraciones central y vasca y dijo que "cuantas menos guerras tengamos mejor, pero no de esta manera". Indicó que no cree en el Estado de las autonomías en el que "los árbitros, el Supremo y el Constitucional, son siempre de aquella casa". Arzallus fue contestado por Rato: "Cada cual firma los acuerdos con el espíritu que le caracteriza. Nosotros con buena fe".

La paz fiscal tendrá un efecto dominó en los territorios limítrofes. Las demandas interpuestas por Castilla y León, Cantabria y La Rioja carecen de objeto, según Rato. Algunos dirigentes autonómicos -todos del PP- desairaron al vicepresidente al asegurar que mantendrán los recursos hasta que sean efectivos.

Los empresarios vascos estiman que la retirada de los incentivos fiscales no van a reducir las inversiones en el País Vasco.