Hechos consumados y subcomisiones truncadas

La reforma introducida por el Gobierno de José María Aznar, una de las más profundas del actual sistema sanitario, ha seguido vericuetos que han molestado a la oposición por evadir el debate parlamentario y aplicar la política de los hechos consumados.Una de las primeras promesas del recién nombrado ministro de Sanidad, José Manuel Romay, en mayo de 1996 fue la de modernizar el sistema público de salud otorgando a los centros autonomía de gestión. Una promesa que se vio cumplida inmediatamente. El 17 de junio de ese mismo año entraba en vigor el real decreto 10/1996, que disponía que un hospital público podría ser gestionado por entidades públicas o privadas admitidas en derecho.

La oposición protestó enérgicamente contra un decreto considerado "la peor agresión al sistema público de salud", máxime cuando se acababa de formar en el Congreso una subcomisión precisamente para estudiar medidas para consolidar y modernizar el Sistema Nacional de Salud.

Reglamento con retraso

Sanidad rectificó y logró el apoyo incluso del PSOE a la ley de abril de 1997 sobre gestión de la sanidad pública, que anulaba aquel decreto y garantizaba que los hospitales y servicios sanitarios públicos sólo pudieran ser gestionados por entidades de "naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho". Dicha ley daba al Gobierno y a las comunidades autónomas la potestad de reglamentar el funcionamiento de los nuevos centros mediante respectivos reales decretos. En el Congreso se pidió al Insalud que presentara el reglamento antes de septiembre de 1997. Nunca llegó y, además, a partir de aquí, el Gobierno empezó a actuar sin esperar consensos.

Sin el reglamento aprobado, el Insalud crea dos nuevas fundaciones, Alcorcón y Manacor, y presenta sorpresivamente, y en el último momento, en diciembre de 1998, una enmienda en el Senado (donde el PP disfruta de mayoría absoluta) a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del Estado de 1999 para regular las fundaciones públicas sanitarias, es decir, las nuevas entidades jurídicas en las que se convertirán los hospitales públicos existentes.

El decreto aprobado ayer es aquel reglamento prometido para finales de 1997, que incorpora ya las fundaciones públicas sanitarias aprobadas en una ley de presupuestos.