El PP culmina su reforma sanitaria con la aprobación de las fundaciones públicas

La gran reforma sanitaria del PP quedó ayer completada con la aprobación del reglamento de fundaciones. La presentación del real decreto, que da forma a un modelo sanitario que careció del debate parlamentario correspondiente, tampoco contó ayer con la comparecencia del ministro de Sanidad, José Manuel Romay, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Insalud aseguró que se debió a problemas de salud. Para el PSOE, este hecho es insólito. "Si está enfermo, que al menos otro ministro se hubiera aprendido la lección para explicar a los españoles una reforma tan importante", dijo Ángeles Amador, portavoz de Sanidad del PSOE.El real decreto va a permitir convertir los 82 hospitales públicos del Insalud, que da cobertura al 39% de la población española, en fundaciones que podrán arrendar, vender y comprar bienes, gestionar su presupuesto y su personal y recibir aportaciones extraordinarias de entidades públicas o privadas. La nueva norma, según el Insalud, va a agilizar y modernizar el sistema sanitario español, mientras que para la oposición supone una peligrosa fragmentación del mismo.

El ministro portavoz del Gobierno, Josep Piqué, aseguró que el decreto, desarrollo de una ley aprobada en 1997 con el consenso del PSOE, ha sido ampliamente debatido en el Parlamento, a pesar de que en diciembre pasado, uno de los cambios trascendentales, la regulación de las fundaciones públicas sanitarias, lo incluyó el PP en el Senado en el último momento, y por sorpresa, en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos. "No es verdad que no se debata esta ley. Se debate, y ampliamente", aseveró Piqué. Amador insistió en que tal debate no existió y que la ley apoyada por su grupo se basaba en figuras públicas admitidas en derecho, "no figuras nuevas, como las fundaciones públicas sanitarias que se inventó después Romay".

Para Ángeles Amador, haber aprobado ahora el decreto a dos meses de las elecciones es "un acto de prepotencia inadmisible". En este mismo sentido, el presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez Bayle, considera que el decreto hipoteca el futuro de las autonomías que reciban próximamente las competencias sanitarias.

El Insalud gestiona la sanidad de 10 comunidades. El último traspaso de competencias data de 1994, cuando Canarias se hizo cargo de su red asistencial. Romay, que ha mantenido congelado el proceso de transferencias, ha asegurado en diversas ocasiones que éste quedará culminado en la próxima legislatura.

Algunas fundaciones, ahora reguladas, ya han echado a andar (Manacor, Alcorcón, etc.), pero la reforma más importante compete a los hospitales ya existentes, los únicos que en el próximo futuro van a mantener a personal con carácter estatutario. Los demás se surtirán de personal laboral.

El presidente del Insalud, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que la práctica totalidad de los hospitales del Insalud ya han valorado su acceso a la autogestión y la descentralización que ofrece el decreto. Éste establece que la conversión en fundación se haga de forma voluntaria, si bien son los órganos de gobierno, nombrados por el Insalud, los que han de emitir el informe favorable. Núñez Feijóo estimó que, dados los referentes de otros países europeos con reformas similares, en seis u ocho años podría estar extendido el nuevo sistema en el Insalud.

UGT reiteró su rechazo a las fundaciones públicas sanitarias por considerar que, además de fragmentar el sistema, "abren la posibilidad de privatización". La FASDP e IU hicieron un llamamiento a la movilización centro por centro, en la medida que los hospitales intenten convertirse en fundaciones.

Los médicos, mientras tanto, vieron en parte colmadas sus expectativas al lograr un representante con voz y voto en los órganos de gobierno de las fundaciones. "Puedo asegurar que ese punto es nuestro", dijo ayer Ignacio Sánchez Nicolay, presidente de la Organización Médica Colegial. El sindicato mayoritario de los médicos, CESM, sin embargo, sigue rechazando el decreto. Éste ha contado con el apoyo de parte de CCOO, SATSE (el sindicato de enfermería) y CSI-CSIF, el mayoritario entre los funcionarios.