El 25% de los servicios prestados por objetores desaparecerá con la supresión de la mili

Casi 700.000 objetores de conciencia han cumplido la prestación social sustitutoria (PSS) en el último decenio. Con el final de la mili, previsto para el 31 diciembre de 2002 como máximo, desaparecerán los alrededor de 100.000 puestos actualmente cubiertos por objetores en más de 7.000 entidades dedicadas a servicios sociales, educación, sanidad o medio ambiente. Según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), encargado por la Dirección de Objeción de Conciencia del Ministerio de Justicia, el 25% de estos servicios no se podrá mantener, aunque resultan necesarios.

El Pleno del Senado aprobó por unanimidad, el pasado 6 de octubre, una moción en la que se instaba al Gobierno a estudiar el impacto de la supresión de la PSS, así como la fórmula más idónea para mantener los servicios que actualmente prestan los objetores y la posible creación de un servicio civil voluntario.En cumplimiento de este mandato, la Dirección de Objeción de Conciencia encargó un estudio a la Oficina de Asuntos Sociales de la UAB, que se ha basado en 136 entrevistas con responsables de entidades, 600 con objetores y 200 con beneficiarios de los servicios que éstos prestan. El informe no es una auditoría, aún pendiente, sobre el impacto que tendrá la supresión de los 111.887 puestos de prestación social concertados en toda España a través de 15.412 programas, pero sí arroja luz sobre sus consecuencias y alternativas.

El propio director de Objeción de Conciencia, Carlos Lesmes, admite que muchos puestos se crearon exclusivamente para ocupar la avalancha de objetores (164.428 en 1999) que produjo el rechazo al servicio militar, por lo que su eliminación no causará ningún perjuicio, pero la existencia de una mano de obra abundante y barata permitió también, en muchos otros casos, la creación de servicios cuyo mantenimiento resulta problemático.

"La PSS, como mecanismo sustitutivo al servicio militar obligatorio, ha representado un cauce institucionalizado de respuesta a unas necesidades sociales ya existentes y, a la vez, se ha convertido también en una fuente generadora de nuevas necesidades", afirma el estudio de la UAB.

"Los objetores han solucionado muchos problemas que la Administración debería haber resuelto en el marco del Estado de bienestar", agrega, admitiendo que ésta "jamás podrá cubrir todos los déficit por ella sola".

El 24,3% de los responsables de las entidades reconoce que los servicios que ahora prestan los objetores no se podrán atender, aunque resulten necesarios, cuando la PSS desaparezca. Este porcentaje llega al 30% entre los responsables de entidades privadas y al 50% entre las dedicadas a cooperación internacional.

El 80% de dichos responsables cree, además, que sus actuales beneficiarios pedirán que se mantenga el servicio que ahora reciben. "Se ha generado una demanda y no satisfacerla sería frustrar las expectativas de mucha gente", advierte el informe.

Los propios beneficiarios entrevistados por la UAB confirman estas conclusiones: el 17,7% de ellos cree que "el servicio no se podrá atender, aunque sea necesario", y sólo el 3,8% afirma que "no se podrá mantener el servicio, pero tampoco importa demasiado". El 36,1% de ellos reconoce que el servicio que ahora reciben no era necesario antes de que lo prestaran los objetores.