Los abogados denunciarán a Justicia si no entrega jeringas a los presos
La Comisión de Drogas del Colegio de Abogados de Barcelona y un grupo de 40 entidades anunciaron su intención de denunciar a la Generalitat por la vía penal y administrativa por su "inoperancia" para poner en marcha un programa de intercambio de jeringas en las prisiones destinado a evitar el contagio del sida entre los reclusos. Estos colectivos recuerdan que la Generalitat se comprometió el pasado mes de febrero a que ese programa estaría en marcha al acabar el año en seis prisiones catalanas.
Todas estas entidades consideran que la pasividad dedel Departamento de Justicia a la hora de poner en marcha estas medidas podría ser constitutiva de tres delitos: uno contra la salud pública, otro de lesiones por imprudencia en los casos en los que se haya producido contagio y un tercer delito de discriminación hacia los presos respecto a los ciudadanos libres. Las entidades a favor de los programas de intercambio de jeringas están integradas por profesionales y asociaciones de todos los sectores de la salud.En un comunicado que hicieron público ayer denunciaron que desde hace cuatro meses están instando a los responsables sanitarios y penitenciarios de Cataluña a desarrollar esos programas. Del mismo modo, recuerdan que en el ámbito sanitario un preso tiene los mismos derechos que las personas que no están detenidas, como recoge la Constitución. Por eso, recuerdan que las prioridades de todos los programas de prevención que se realizan van siempre destinadas a reducir los daños asociados al uso de drogas.
El consejero de Sanidad de la Generalitat, Eduard Rius, replicó ayer a la petición de los abogados y entidades afirmando que "sería un poco difícil que en las próximas semanas se pudiera desencallar" el proyecto de implantación en las prisiones catalanas de programas de intercambio de jeringas. Según Rius, se trata de un tema complejo, por lo que afirmó: " Requiere un esfuerzo de comprensión y consenso que todavía no hemos podido cerrar", informa Europa Press.
Desde que la Generalitat empezó a estudiar esta posibilidad en 1996 el Departamento de Sanidad siempre ha defendido su aplicación, pero las reticencias de algún sector judicial y la de una parte de los funcionarios de prisiones han llevado al director general de Servicios Penitenciarios, Ignasi García Clavel, a aplazar una y otra vez la puesta en marcha del programa. Los abogados consideran que más de la mitad de los 6.000 presos que hay en Cataluña son seropositivos.
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