CiU impide que se investigue la gestión de Zaplana en Benidorm

El apoyo al PP de sus socios nacionalistas, impidió ayer una investigación oficial de la gestión económica de Eduardo Zaplana al frente del Ayuntamiento de Benidorm, municipio del que fue alcalde entre los años 1991 y 1994. La votación registrada en ese sentido, a propuesta de Nueva Izquierda, en el Congreso de los Diputados, concretamente en el seno de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, arrojó el ajustado resultado de 21 votos en contra de la fiscalización, 19 a favor y una abstención.Los representantes del PSOE, IU y NI, que con carácter previo anunciaron su apoyo a la iniciativa, superaban en número a los 17 delegados del PP y el diputado de Coalición Canaria. El PNV optó por la abstención, por lo que la decisión última sobre la investigación solicitada recayó en los tres parlamentarios de CiU. Los nacionalistas catalanes no intervinieron en el debate, pero apoyaron los argumentos del PP para oponerse e impidieron la labor de fiscalización.

El ponente, Ricardo Peralta, expuso las dificultades económicas que hoy atraviesa el Consistorio benidormense, en su opinión consecuencia de la "pésima" gestión económica de Zaplana como alcalde. NI, además, recordó a la Comisión la obligatoriedad que tienen las administraciones públicas de ser transparentes en sus cuentas. Como prueba de que en Benidorm no ocurre así, Peralta aportó una sentencia judicial de 1995 que obligó al equipo de gobierno, del PP, a proporcionar a la oposición los datos contables que le negaba.

Velero y balonmano

El socialista Alberto Pérez Ferré empleó buena parte de su intervención en exponer algunos ejemplos de la gestión como alcalde del hoy presidente de la Generalitat. Entre otros casos, recordó la contratación de un velero de lujo para dar la vuelta al mundo, empresa deportiva que jamás se consumó, o la subvención concedida a un equipo de balonmano que acabó disolviéndose.

El diputado asturiano Mariano Santiso, de IU, apoyó la investigación, y el PP resumió en tres los argumentos para oponerse a ella. Diego Jordano, parlamentario por Córdoba, señaló que la fiscalización que se reclamaba era "inoportuna" cinco años después de que Zaplana abandonara la alcaldía de Benidorm, dado que los bancos y otras entidades públicas y privadas han podido deshacerse de documentos referidos a 1991.

Como segundo razonamiento, Jordano aseguró que el Tribunal de Cuentas ya ha auditado al Ayuntamiento de Benidorm con resultado positivo para la gestión, y por último afirmó que el objetivo último de la oposición era controlar a la Generalitat y al Ayuntamiento desde el Congreso de los Diputados, algo que el PP considera un atentado a la autonomía de esas instituciones.

En la misma reunión se aprobó, por unanimidad, auditar el mandato del GIL en el Ayuntamiento de Estepona.