En el furgón de cola de la Unión Europea

Los escándalos que sacuden cíclicamente el sector de las residencias conforman un fenómeno que no es ajeno al retraso que sufre España a la hora de atender a sus mayores. El propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en un informe presentado ayer, reconoce que las prestaciones de servicios sociales que requieren los seis millones y medio de personas con más de 65 años están por debajo de la media europea. Un ejemplo son las residencias. Sus 185.000 plazas, la mayoría privadas, no sólo son insuficientes (la recomendación es que haya 3,5 plazas por cada 100 ciudadanos mayores de 65 años y España se queda en 2,9), sino que están mal pensadas. El informe de Trabajo revela que España sólo dispone de 80.000 plazas habilitadas para atender a los 700.000 ancianos que sufren dependencias graves (mayores con algún tipo de invalidez y que necesitan de otros para sobrevivir). Para cumplir con la media europea, el sector debería ofrecer a estos mayores otras 130.000 plazas. España también está por debajo de la media europea en los servicios de atención domiciliaria, del que se benefician 120.000 usuarios (1,8% de los mayores, frente al 4% de Europa). Para paliar esta situación, el ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, propuso reconvertir 100.000 plazas residenciales y construir otras 30.000 para los mayores que no pueden valerse por sí mismos; ampliar la ayuda a domicilio a otros 120.000 beneficiarios; la teleasistencia, que hoy cubre a 60.000 personas, a 90.000, y las estancias de día, un servicio reciente con sólo 4.500 plazas, a 55.500. El ministro no dio el coste de la propuesta, que exige crear 83.000 nuevos empleos.