Un juez encarcela a la directora de una residencia de Madrid por robar a los ancianos
Los familiares denuncian que en el centro se maltrataba a los mayores y había sarna y piojos
Un juez de Madrid ordenó ayer el ingreso en prisión de María Cristina Carracedo, directora de una residencia geriátrica privada, a la que acusa de apropiarse de dinero de los residentes, así como de falsearles documentación y de estafarles para su lucro personal. La Comunidad de Madrid ha abierto un proceso paralelo en el que ha expedientado a la detenida por la supuesta falta de higiene del centro y la posible desatención a sus 35 residentes. "Mi hermano ha cogido la sarna y tiene los dedos de los pies pegados con pus", se quejó ayer la hermana de un afectado.
El titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Santiago Pedraz, ordenó el encarcelamiento de Carracedo tras efectuar por sorpresa un registro en la residencia privada Virgen de la Oliva, situada en el barrio madrileño de Aravaca. El juez le imputa delitos de estafa, apropiación indebida y falsificación de documentos.La intervención judicial surge a raíz de las denuncias interpuestas en septiembre por familiares de algunos residentes y por una de las cuidadoras del centro. Los denunciantes aseguraron que la directora se apropiaba de dinero de los residentes y que les obligaba a entregarle poderes notariales para disponer de sus bienes.
La mayoría de los papeles inculpatorios decomisados por el juez ayer se hallaban ocultos en un "muy desordenado cuarto de la residencia, en el que coexistían documentos personales de los ancianos con alimentos de aspecto rancio y en mal estado", indicaron fuentes judiciales. Sólo la directora tenía llaves de esa estancia. El juez Pedraz no había analizado ayer toda la documentación intervenida, si bien las citadas fuentes afirmaron que, la directora ha podido robar a los ancianos "varios millones de pesetas" en apenas unos meses.
Los agentes de la Brigada de Policía Judicial se incautaron de documentos en blanco firmados por algunos ancianos y a expensas de que la directora terminase de rellenarlos. Uno de ellos es un contrato de compraventa en el que una de las anciana vende a la directora una céntrica vivienda en Madrid por sólo 4.900.000 pesetas. La mujer, según este documento, no recibiría ninguna cantidad en metálico por el inmueble, sino que la directora le iría pagando en especie, con los cuidados recibidos en el centro. Unas atenciones que la directora tasa en 200.000 pesetas al mes, cantidad que duplica a la que cobraba a otros ancianos en iguales condiciones. El precio medio de estancia en la residencia oscila en torno a las 120.000 pesetas.
El juez, siempre según las citadas fuentes, también intervino en ese oscuro y desordenado cuarto cartillas de ahorro y documentos de identidad de los ancianos. Carracedo se servía de ellos supuestamente, para sacarles dinero de las cartillas y tarjetas de crédito sin su autorización. Los agentes también descubrieron números secretos de tarjetas de crédito de los ancianos, lo que permitía supuestamente a la directora utilizarlas sin que sus titulares estuviesen presentes.
Una vez finalizado el registro, el juez autorizó a la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid a hacerse cargo del cuidado de los 35 ancianos ingresados, que fueron trasladados a diversas residencias de la región. Algunos familiares denunciaron el supuesto maltrato que sufrían sus mayores. "Mi hermano ha cogido la sarna en el centro. Tiene llagas en los pies y los dedos se le han pegado del pus. No le limpian, ni le cuidan", lamentó Iluminada Acosta, de 68 años.
La residencia está formada por cuatro chalés conectados entre sí por pasillos internos. En ella había cuatro perros. Dos estaban encerrados en un sótano y habían llenado de suciedad el suelo. Los otros dos corrían por el jardín. Se los llevó el servicio municipal de recogida de animales.
La Comunidad estudia la posibilidad de cerrar de forma definitiva la residencia y de imponerle una sanción de diez millones de pesetas a la directora.
Lucas Bermejo, portavoz de la Asociación en Defensa de la Residencia Virgen del Olivo, acusó ayer de abuso de poder a la Comunidad por su actuación y negó que en el centro haya suciedad ni malos tratos.
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