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TRIBUNA

Condonación y desarrollo

La recién celebrada cumbre de La Habana ha puesto de manifiesto, una vez más, la necesidad de dar una solución al problema de la deuda externa de los países empobrecidos. A las presiones ciudadanas que invocan motivos humanitarios (países como Zambia, con una esperanza de vida de 33 años, dedica a pagar su deuda más del doble de lo que dedica a educación y sanidad), se han unido ahora organismos menos humanitarios, como la OCDE, FMI o el Banco Mundial, que lo consideran un riesgo potencial para el funcionamiento del sistema económico en su conjunto.

Afortunadamente en los últimos años la deuda externa de los países empobrecidos ha regresado a la agenda de la Comunidad Internacional. Y en esta ocasión, al contrario que en los 80, no para salvaguardar los intereses de un sector privado prestamista que incurrió en una irresponsable exposición de riesgo. En el presente, incluso los agentes más "ortodoxos" del sistema (OCDE, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial) han reconocido su condición de obstáculo para el desarrollo y en la asamblea anual del FMI y el BM, celebrada en septiembre en Washington, se aprobó una reducción que podría alcanzar el 40% de la deuda para un máximo de 33 países.Naciones como Zambia (cuya esperanza de vida alcanzará, de no cambiar las cosas, los 33 años en el 2005), Etiopía (donde cada año 100.000 niños mueren por diarrea) o Níger (con un 14% de alfabetización) están dedicando, como media, dos veces más a pagar la deuda de lo que emplean conjuntamente en sus políticas de salud y educación. ¿Qué familia pagaría un plazo de un crédito y dejaría morir de hambre a sus hijos? Desde las campañas para la condonación de la deuda se mantiene que un grupo que ronda los 50 países debe ver condonada el 100% de su deuda para emplear sus recursos en el desarrollo humano de su población. La condonación es una medida excepcional, pero si es insuficiente, dará pie a una solución en falso y el objetivo de estabilidad a largo plazo no podrá alcanzarse. Estos países necesitan sus divisas "cautivas", sanear sus cuentas públicas y poder aspirar a encontrar sendas de crecimiento económico sostenido y a construir sus propios procesos de desarrollo, que están condicionados por un amplio número de variables.

Esta sangrante realidad requiere una decisión política (como hace una década señalaba Rudiger Dornbusch y hoy lo hace Jeffrey Sachs) reclamada también por el sentido común económico: sanear para poder prosperar. Egipto (tras su papel en la Guerra del Golfo) ya nos enseñó cómo cuando hay interés político, las convenciones internacionales no suponen un obstáculo. Hoy la presión ciudadana reclamando justicia, junto con el empuje de algunos Gobiernos (Noruega, Finlandia, Suiza o el Reino Unido) presionan para ello. El presidente Clinton señalaba en la pasada asamblea del FMI/BM que "una deuda insostenible está ayudando a mantener en la pobreza a demasiados países pobres y personas necesitadas. Un imperativo económico y moral nos exige aprovechar este momento de consenso mundial para conseguir algo mejor".

El Tercer Mundo ha pagado en 1997 a bancos, Estados e instituciones internacionales cinco veces más de lo recibido en concepto de ayuda (que está muy lejos del prometido 0,7% del PIB): 250.000 millones de dólares. Mientras, sólo 21.000 millones de dólares anuales serían necesarios para conseguir la enseñanza, la salud y la nutrición de toda la población mundial, de acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano publicado por el PNUD en 1998.

Deben racionalizarse las prioridades de nuestras sociedades y cambiar el orden de los principios: las personas, las vidas, son más importantes que las finanzas. Suele argumentarse que una condonación penalizaría a los países implicados, que quedarían al margen de la concesión de nuevos créditos. Tal argumento omite que hace más de una década que los mercados no atienden las demandas de crédito de los países más pobres y el desarrollo de más de mil millones de personas está siendo ignorado. En cuanto al coste económico de la condonación -irrelevante en términos reales para el Norte- resulta sobrecogedor esgrimir los flecos del presupuesto de nuestros países para no ejecutar inmediatamente estas medidas: posiblemente, sin esos ingresos los españoles renunciaremos a 30 kilómetros anuales de autovías, frente a los millones de seres humanos recuperados para una vida digna: ¿Cuál debería ser la elección?

El horizonte a medio plazo, tras este saneamiento, debe ser la posibilidad futura de una toma de créditos racional con garantías para su buen uso. Son necesarios mecanismos de regulación y arbitraje entre deudores y acreedores para evitar nuevas crisis de sobreendeudamiento y las irresponsabilidades de prestamistas y prestatarios que han conducido a la actual situación. Éste es un extremo en el que las campañas internacionales hacen especial incidencia sin que hasta ahora las instituciones internacionales hayan recogido el guante lanzado.

Jaime Atienza Azcona es economista del Departamento de Estudios de Manos Unidas y autor del libro La deuda exterior y los pueblos del sur.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 21 de noviembre de 1999