La píldora abortiva sólo ha sido recetada una vez en España en los dos últimos años

Hace dos años los grupos parlamentarios aprobaron por unanimidad eliminar las barreras para que las mujeres pudieran acceder a la píldora abortiva RU-486. Pero esta medida, lograda tras una enconada petición de los grupos proabortistas y la férrea oposición de la Iglesia, ha tenido un efecto nulo en la práctica médica: desde su aprobación en 1997 sólo un facultativo ha utilizado este método "inocuo, eficaz y positivo para la salud", en palabras de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las trabas administrativas y la actitud pasiva de los médicos están en la raíz del fracaso.

El 26 de noviembre de 1997, a iniciativa de Izquierda Unida, los tres grupos parlamentarios acordaron por unanimidad en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados instar al Gobierno a que allanase el camino para la comercialización de la píldora abortiva. Ante el escaso efecto de esta medida, el año siguiente la oposición presentó otra proposición no de ley que exigía que al menos se permitiese su adquisición como medicamento extranjero. Esta es la única forma en que ahora puede adquirirse la píldora abortiva, que permite interrumpir embarazos de hasta 49 días con una eficacia del 97% sin necesidad de pasar por el quirófano.Para conseguir este fármaco, el médico debe solicitar al Ministerio de Sanidad y Consumo su importación para una paciente concreta y siempre que el aborto esté justificado desde un punto de vista legal (violación, malformación del feto o grave peligro para la salud de la madre). Eso es lo que hizo un médico valenciano el pasado mes de agosto, el único que ha dado este paso, según Sanidad. El centro valenciano tuvo que demostrar que contaba con una unidad de cuidados intensivos, un servicio de farmacia propio (o la adscripción al de un hospital) y otro de urgencias para solicitar la RU-486, que es un medicamento de uso exclusivamente hospitalario. Estos requisitos hacen prácticamente imposible que la píldora llegue a las clínicas privadas -responsables de casi el 98% de los abortos legales (unos 50.000 al año)-, según Consuelo Catalá, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para Interrupciones voluntarias del embarazo (ACAI), que agrupa a unas 50. Sólo el 10% de ellas cumple los requisitos que exige Sanidad para proporcionarles la RU-486, según fuentes de ACAI.

Estas razones son puestas en duda por la diputada de Izquierda Unida Ángeles Maestro. "Es un escándalo", aseguró ayer, "la falta de interés de los médicos para facilitar a sus pacientes la RU-486". Maestro considera que este desinterés se debe a que económicamente no les beneficia su administración. El precio de la píldora, que está financiada por la Seguridad Social, puede rondar las 11.000 pesetas, frente a las entre 45.000 y 60.000 que puede llegar a costar un aborto quirúrgico.

Victoria Virtudes, de la clínica Dator de Madrid, cuestiona este razonamiento: "Las clínicas llevamos años luchando por la RU-486, pero no nos la dan". Virtudes subraya que, con esta píldora, las clínicas ahorrarían en quirófanos y personal y facturarían un gasto similar, ya que a la prescripción de la píldora -tres comprimidos de 200 miligramos en una sola toma- hay que añadir una estancia en el centro entre 36 y 48 horas después para tomar dos comprimidos de un medicamento que se emplea para la úlcera y que provoca contracciones en el útero, necesarias para expulsar el óvulo fecundado, seguimiento médico y ecografías.

La RU-486 no es la píldora del día después, que simplemente impide la fecundación del óvulo. El medicamento impide que el óvulo fecundado se desarrolle. Es un aborto. Por eso, la objeción de conciencia de los profesionales de la sanidad pública es un problema añadido para la llegada de la RU-486. La Organización Médica Colegial no tiene datos al respecto, pero el hecho de que no haya ni un solo hospital público que practique abortos en siete comunidades y que sólo el 2% de las intervenciones tengan lugar en la sanidad pública refleja la situación.

El presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez-Bayle, cifra en un 90% los profesionales sanitarios, no sólo médicos, que se niegan a practicar abortos.

Últimos trámites

La situación puede cambiar con la próxima comercialización de la píldora. Esta medida fue aprobada en julio pasado por la Agencia Europea del Medicamento de forma simultánea para España y otros siete países europeos (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Grecia y Holanda). Ahora, el laboratorio Anhroc ultima los trámites con el Ministerio de Sanidad para llevar el año que viene a los hospitales y a las clínicas privadas españolas la RU-486.Anhroc no ha comunicado el precio al que pretende vender la píldora, aseguran fuentes de Sanidad, que subrayan que ésta será financiada públicamente. Cuando lo haga, el ministerio tendrá hasta 180 días para decidir el precio. Será éste el último paso para su distribución, aunque no podrá comprarse en las farmacias.