La UE amenaza con sanciones a Tocino por no haber transpuesto tres directivas

A punto ya de expirar la legislatura, al Ministerio de Medio Ambiente se le ha pasado el plazo para transponer al derecho interno tres directivas europeas importantes. El Departamento que dirige Isabel Tocino ya ha recibido avisos de sanción de la Comisión Europea por estos retrasos. El 31 de octubre tenía que haber entrado en vigor la directiva sobre control de emisiones industriales, y en marzo, la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. A última hora se ha incluido en la Ley de Acompañamiento un cambio para ampliar el acceso a la información ambiental.

En el caso del acceso a la información, el ministerio ha tardado más de tres años en reaccionar a la carta de emplazamiento que la Comisión Europea dirigió a España en julio de 1996 por restringir ese derecho.En la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del 2000 se recogen dos aspectos importantes que amplían la posibilidad de reclamar información, tal como exige la UE. Por un lado se permite el acceso a los datos de empresas que hayan estado procesadas con resolución firme. Por otro, se obliga a las administraciones públicas a responder en un plazo máximo de dos meses a las informaciones solicitadas. Y en el caso de que se nieguen esos datos, deberán motivar los fundamentos de su negativa. Hasta ahora bastaba con el silencio administrativo.

No tiene tan fácil enmienda la transposición correcta de la Ley de Impacto Ambiental, aunque su retraso ha costado a España la apertura de un procedimiento sancionador. En la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental que hasta hace unas semanas estaba a cargo de Dolores Carrillo, se diseñó un borrador que recogía los mecanismos para valorar las repercusiones de determinadas obras como carreteras, parques eólicos y presas.

Pero el Secretario de Estado de Aguas y Costas, Benigno Blanco, envió una carta a Carrillo (véase EL PAÍS del 1 de febrero pasado) donde se mostraba "muy crítico" con el texto. "Creo que le falta sensibidad jurídica", decía la carta. "Te pido disculpes si algunas de mis opiniones, o la forma de plantearlas, resulta descortés o pasional, pero en esta materia me siento indefenso, inseguro y desconcertado por la praxis de estos últimos años; razón por la que el nuevo texto legal que habéis preparado me da pavor".

En su "reflexiva" carta, Blanco identificaba el trámite de impacto ambiental con las prácticas de la dictadura por la dilación de sus resoluciones, casi siempre "kafkianas", y lo acusaba de arbitrario porque su decisión sobre una obra dependía de la presión de los medios de comunicación o de la facilidad de su promotor para hacer oír su voz en el Consejo de Ministros.

El durísimo alegato de Benigno Blanco contra el borrador de ley causó un impacto demoledor en el departamento de Carrillo, que se asustó, según fuentes del Ministerio.

Tanto es así que del proyecto de ley no se ha vuelto a saber nada. El texto remitido a consulta del Consejo Asesor de Medio Ambiente incluía la relación de proyectos de obras que debían someterse a declaración de impacto, desde la transformación de explotaciones agrícolas de más de 100 hectáreas hasta los parques eólicos, las envasadoras de aceite o las presas de más de 10 millones de metros cúbicos.

Recurso en Cataluña

El ambicioso plan, tildado de "descafeinado" por ecologistas y expertos ambientales, no iba a tener fácil pase por el Consejo de Ministros, según advertía el secretario de Estado, por "la negativa percepción general que existe en las instancias políticamente decisorias sobre la gestión del Ministerio de Medio Ambiente en esta materia en los últimos dos años". Así ha sido. Según fuentes del ministerio, el proyecto de Ley será sustituido por un decreto.La tercera asignatura pendiente es la transposición de la directiva sobre emisiones, conocida como la de la ventanilla única porque persigue que todos los permisos para instalar industrias que emitan gases, residuos o cualquier tipo de vertidos se tramiten a traves de una única instancia administrativa.

Tendría que haber entrado en vigor el día 1 día de noviembre para todas las nuevas instalaciones industriales, pero habrá que esperar. La Generalitat de Cataluña se ha adelantado al ministerio y ha aprobado su propia ley, aunque ha sido recurrida por la Federación de Municipios de Cataluña. El secretario general de esta federación, Lluis Ballbé, llegó a plantearse recurrirla ante el Constitucional. La ley catalana, en su afán por simplificar los trámites, les ha arrebatado a los ayuntamientos la facultad de otorgar la licencia municipal.