Sólo dos comunidades disponen de un mapa de zonas inundables

Las inundaciones son los principales desastres naturales en España. Pese a ello, sólo dos comunidades (País Vasco y Comunidad Valenciana) disponen de un mapa preciso de las zonas propensas a anegarse, según el director de Protección Civil, Juan San Nicolás. De los 160.000 millones que ha pagado en los últimos 12 años el Consorcio de Compensación de Seguros en indemnizaciones por catástrofes y terrorismo, las inundaciones se llevaron 142.000 (el 89%).

El director del Consorcio de Compensación de Seguros, Miguel Fernández de Córdoba, no se explica la infinidad de urbanizaciones, polígonos industriales y centros escolares que se levantan junto a los meandros de los ríos y los cauces fluviales, en zonas caracterizadas por la recurrencia de inundaciones.Hasta que los daños no han alcanzado carácter catastrófico, como la rotura de la presa de Tous (Valencia) o las inundaciones del Vizcaya y Álava por el desbordamiento del río Nervión en los primeros ochenta, las administraciones autonómicas no se han decidido a encargar el diseño de una cartografía de zonas inundables que facilite a los gestores y usuarios del suelo el conocimiento de los riesgos a la hora de planificar su ocupación.

En unas jornadas sobre Riesgos de Inundación y Régimen Urbanístico del Suelo celebradas esta semana en Madrid, el secretario de Estado de Aguas y Costas, Benigno Blanco, aseguró que el Ministerio de Medio Ambiente culminará antes de fin de año el Mapa de Zonas Inundables, que aportará datos históricos sobre estos territorios con información aproximada sobre la cantidad de agua que puede acumularse en cada punto negro.

Pero los mapas elaborados por el País Vasco y la Comunidad Valenciana son mucho más precisos y son los únicos homologados por la Comisión Nacional de Protección Civil. Según San Nicolás, los de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias, Murcia y Ceuta están pendientes de pasar el examen, pero llama la atención que comunidades acreditadas por la frecuencia de lluvias torrenciales en sus territorios, como Andalucía o Cataluña, carezcan de este instrumento.

Hasta que no se completen todos los planes autonómicos no podrá concluirse el mapa nacional que Protección Civil pretende convertir en referencia para los nuevos asentamientos humanos y para diseñar medidas preventivas en los ya existentes.

Para San Nicolás, este mapa se quedará cojo a menos que se exija a los planes de urbanismo una "declaración de impacto de protección civil", de la misma manera que es obligatorio estudiar los impactos de las infraestructuras en el medio ambiente y presentar varias alternativas. El director de Protección Civil recuerda que en 1997 el Estado -esto es, los contribuyentes- tuvo que pagar más de 40.000 millones de pesetas para compensar los daños causados por inundaciones, además de los 33.000 que aportó el Consorcio de Compensación de Seguros. Una parte importante de esos daños se repiten casi cada año en las mismas zonas.

La más recurrente es el polígono industrial de Málaga, situado en un meandro de la desembocadura del río Guadalhorce. El Consorcio ha tenido que hacer frente a daños por inundaciones en tres ocasiones por valor de 23.700 millones de pesetas desde 1989. Con el polígono industrial de Mijas ocurre otro tanto, y el listado es interminable en asentamientos de Andalucía, Extremadura, Madrid, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana.

Legalmente, las responsabilidades están repartidas, según los expertos. Los ayuntamientos son responsables de diseñar los planes de urbanismo, pero las comunidades autónomas deberían desautorizar aquellos planes municipales que permitan construir en suelos inundables. Y será importante la aplicación que den los tribunales a la nueva Ley de lo Contencioso-Administrativo, que prevé la posibilidad de exigir responsabilidades a las administraciones públicas por su "inactividad" en tareas de prevención.