Oposición, sindicatos y padres critican el proyecto de Rajoy sobre la religión

Un auténtico aluvión de críticas acogió ayer al proyecto del Gobierno de modificar la enseñanza de la religión. Sindicatos y oposición rechazan que los estudiantes españoles tengan que escoger entre aprender "Valores Cívicos" o Religión. Las reacciones provocadas por el plan de imponer ambas asignaturas como obligatorias y evaluables desde el próximo curso coinciden en la repulsa generalizada y contundente. Los calificativos más repetidos son "reaccionario", "retrógrado" e "inconstitucional". Se habla de "prevaricación" y se acusa al Gobierno de doblegarse a los intereses de la Iglesia. Se anuncian movilizaciones y acciones judiciales en caso de que el proyecto se hiciera realidad.

La sorpresa se une a la indignación al evaluar el proyecto de reforma de la enseñanza de la religión y su alternativa. La mayoría lo considera un paso atrás del Gobierno para contentar a la Conferencia Episcopal. Diversos colectivos relacionados con la educación se han apresurado a anunciar que convocarán movilizaciones de rechazo y harán llegar su denuncia al Tribunal Supremo si la reforma llega a producirse.El proyecto de real decreto, que cuenta con el visto bueno del ministro de Educación, Mariano Rajoy, supondría un vuelco en el modo actual de enseñar la religión. La asignatura de religión es ahora una opción que se evalúa y aparece en el expediente, pero que no puntúa en la nota media del alumno. Si el proyecto llega a aprobarse, la religión se convertiría en obligatoria y por lo tanto sí contaría en el currículo académico como matemáticas o lengua. ¿Qué pasaría entonces con los jóvenes que no quieren estudiar religión? Que serían obligados a estudiar "Valores Cívicos", una nueva materia que añadir al de por sí nutrido grupo de asignaturas obligatorias.

Éstas son algunas muestras de rechazo al proyecto:

- PSOE. La portavoz de Educación en el Congreso, Clementina Díez de Baldeón, opina que antes que nada habría que plantearse si es necesaria una asignatura de "Valores Cívicos", puesto que estos contenidos impregnan ya todas las asignaturas de la LOGSE mediante las llamadas materias transversales; y concluye que si se cree necesario enseñar valores democráticos debería hacerse para todos igual, "sin distinguir una opción laica y otra confesional, porque esto crearía contradicciones de fondo insuperables". Pone de ejemplo la pena de muerte, rechazada por la ley pero permitida por la Iglesia en algún supuesto, y la interrupción voluntaria del embarazo, legal aunque prohibida por la Iglesia".

- IZQUIERDA UNIDA. Cree que la propuesta confirma el "matrimonio" entre el Gobierno del PP y la Iglesia Católica. Añade que "la dote está bien pagada", en referencia al mínimo de 21.000 millones de pesetas procedentes del IRPF con que el Gobierno se ha comprometido a financiar a la Iglesia.

- CCOO. La Federación de Enseñanza acusa a Rajoy de actuar "al dictado de la conferencia episcopal", y afirma que convertir la Religión en materia puntuable, contrariando varias sentencias del Tribunal Supremo, "podría considerarse un acto de prevaricación". El sindicato cree que el proyecto no se sostiene pedagógicamente porque la enseñanza en valores no puede ser un contenido cerrado. También anuncia que contactará con colectivos de enseñanza e intelectuales para redactar un manifiesto de repulsa al proyecto y que recurrirá el mismo ante el Tribunal Supremo si se promulgara el real decreto.

- FETE-UGT. Muestra su "más absoluto rechazo", acusa al Gobierno de ser el "brazo armado de la Conferencia Episcopal", y opina que, con este "proyecto inadmisible, el PP persigue la involución educativa del país". El sindicato critica a Rajoy por "romper el pacto constitucional" y reabrir la guerra de la religión.

- STES. La Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza acusa a Rajoy de prevaricación y de situarse "al margen de la ley". Asegura que propondrá al profesorado y a la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública medidas contra el texto, y que recurrirá el decreto ante los tribunales de Justicia cuando se publique por atentar contra la Constitución.

- CEAPA. La confederación laica de asociaciones de padres dice que el proyecto ministerial sólo satisface "los intereses más retrógrados y conservadores de la Iglesia Católica". Asimismo, dice que la formación en valores cívicos es necesaria para todos los jóvenes y "no es admisible que una parte de los alumnos no reciba esta formación".

- SINDICATO DE ESTUDIANTES. El secretario general de esta organización, Juan Manuel Municio, califica el proyecto de "regresivo" por recuperar un modelo educativo de hace 20 años. Además, acusa a Rajoy de desoír las sentencias del Tribunal Supremo para "doblegarse a las exigencias de los obispos" e "impregnar en todo el Estado la Religión de tapadillo". El sindicato defiende que la Religión se imparta fuera de los centros, que la Historia de las Religiones se incluya en la asignatura de Historia y que no haya una materia específica de "Valores Cívicos", sino que estos contenidos formen parte de todas las materias.

- FEREDE. La Federación de Iglesias protestantes, a la que el Gobierno entregó el proyecto para someterlo a su opinión, lo rechaza y propone un pacto en el que participen todos los agentes del sistema educativo. FEREDE defiende que la enseñanza religiosa se realice fuera de las aulas, y, en todo caso, que sea optativa, no compute y no discrimine ninguna creencia.