El bando de Algete que pide el ADN garantiza la confidencialidad

Los comercios, los portales de las comunidades de vecinos y los edificios públicos de Algete (13.500 habitantes) fueron ayer los primeros soportes del bando editado por su alcalde, Jesús Herrera, en el que se pide a los varones mayores de 16 años que den su autorización para hacerse una prueba de ADN con el fin de descubrir al asesino de Eva Blanco, la joven vecina asesinada en abril de 1997.En el escrito, el regidor explica a los vecinos que para garantizar la confidencialidad de los datos -se pide el DNI y la firma de los varones-, las autorizaciones serán depositadas en unas urnas "que estarán cerradas, selladas y diligenciadas por el secretario de la corporación como fedatario público y quedarán bajo la custodia de la Policía Local y la Guardia Civil hasta su entrega en el Juzgado de Torrejón".

Según el primer edil, las únicas personas que conocerán la identidad de los voluntarios que se hagan las pruebas -actualmente hay en la localidad unos 5.000 varones mayores de 16 años- serán los jueces y quienes éstos autoricen.

Los miembros de la Comisión Eva Blanco serán los encargados de la recogida de estos permisos durante el próximo jueves y viernes, en horario de mañana y tarde, en la Casa de la Cultura de la localidad. Jesús Herrera reconoce en el bando que esta iniciativa es "compleja y complicada", pero la justifica por su objetivo "claro y contundente: descubrir al homicida". El primer edil recuerda que las muestras de apoyo y solidaridad a los padres y a la familia de Eva Blanco han sido numerosas y recalca: "Ahora, en la conciencia de cada uno está la posibilidad de ayudar a descubrir al culpable de tan vil acción".

Opinión de los magistrados

Varios magistrados consultados por este periódico la semana pasada definieron como "inútil" la citada prueba. Las asociaciones profesionales coincidieron en calificar de "bienintencionada" la iniciativa del alcalde de Algete, pero "insostenible" desde el punto de vista judicial, según José Luis Requero, portavoz de la Asociación Profesional para la Magistratura (APM).La portavoz de Jueces para la Democracia, Montserrat Comas, coincidía: "Sin perjuicio de la decisión que adopte el juzgado, esta prueba no es útil en términos jurídicos. La iniciativa está hecha con buena voluntad, pero es totalmente inviable". José Manuel Maza, portavoz de la Unión Judicial Independiente, manifestaba: "Los resultados, lo que van a hacer es descartar a personas y no encontrar culpables".