Incentivos faraónicos

EL GRUPO Popular ha introducido una enmienda de ultimísima hora en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que obligará a los directivos de las empresas que cotizan en Bolsa a declarar la cuantía de las retribuciones extraordinarias que perciban a través del sistema conocido como stock-options. Esta fórmula consiste en asegurar a los directivos, como una fórmula de retribución especial, el derecho a adquirir paquetes de acciones a un plazo determinado y a un precio inferior al del mercado. La iniciativa pretende responder al revuelo social que ha producido la información de que cien directivos de Telefónica, con su presidente, Juan Villalonga, a la cabeza, se embolsarán por este procedimiento más de 30.000 millones de pesetas como premio a una gestión cuyo principal mérito es haber duplicado con creces el valor bursátil de la compañía.La práctica de stock-options está muy extendida y se aplica en empresas muy respetables en todo el mundo, de forma transparente para sus accionistas. Pero en el caso del plan de acciones privilegiadas para los directivos de Telefónica concurren algunas circunstancias que lo convierten en escandaloso: la compañía ha heredado el patrimonio acumulado en régimen de monopolio del Estado y lo que se presenta como plan de fidelización era para sus gestores lo que en otros tiempos se llamaba pelotazo. Era más que previsible que el proceso de liberalización no iba a deshacer en tres años el monopolio que de hecho sigue teniendo Telefónica en muchos campos de las telecomunicaciones. En esa situación aprovecharon el momento exacto de la privatización para asegurarse un sistema de retribuciones millonarias a plazo fijo, con su presidente a la cabeza. Aunque una descripción general de estas prebendas astronómicas figura en las memorias y folletos públicos enviados a las instituciones de control del mercado, se disfrazaban bajo fórmulas tan opacas que resultaban indescifrables para los accionistas.

El Gobierno ha decidido al fin darse por enterado de una operación que conocía de sobra y anticiparse a la alarma social con una enmienda legislativa a la Ley del Mercado de Valores. Es verdad que esta enmienda obligará a que Villalonga y sus gestores tengan que declarar las bonificaciones autoconcedidas; también los de otras sociedades. Mejorará con ello la transparencia. Pero está claro que esa corrección legislativa no se hubiera producido de no mediar la información desvelada por Cinco Días, que pilló a contrapié a Telefónica, pero también al PP y al Gobierno.