La nota media de bachillerato tendrá más valor que el examen en la selectividad

El Gobierno aprueba modificaciones en la prueba de acceso sin el apoyo de los rectores

Tras meses de polémica, el Gobierno aprobó ayer la reforma de la selectividad, una de las más jaleada de la legislatura. Se retoca la prueba para dar más peso a la nota del bachillerato que a la del examen, que a partir del próximo año pasarán a puntuar un 60% y un 40%, respectivamente (ahora se ponderan igual). También se da más valor a las materias vinculadas a la especialidad de bachillerato cursada por el alumno, que valdrán un 80% en vez del 66% actual. Los rectores creen que el cambio "desprestigiará la prueba" y alertan de las desigualdades que se darán si algunos centros privados inflan las notas.

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Los retoques aprobados ayer habían sido aparcados por la anterior ministra de Educación, Esperanza Aguirre, y recogen las líneas fundamentales de un dictamen elaborado hace dos años por una comisión del Senado. El Gobierno ha sacado adelante el proyecto a pesar de las numerosas pegas planteadas por la comunidad educativa durante el periodo de consulta iniciado hace varios meses. Educación tiene listas otras dos relevantes reformas, la creación del distrito único universitario y la regulación de unos 8.000 profesores universitarios en situación precaria.A partir de ahora, el expediente del bachillerato se ponderará un 60%, y el resultado de la prueba de selectividad un 40%, en la nota final del alumno (ahora puntúan la mitad cada uno). Otros cambios introducidos son: las materias vinculadas con la especialidad de bachillerato cursada tendrán un valor del 80% (ahora es del 66%); las 12 horas de exámenes se distribuirán en tres días (ahora, en dos) y se podrá realizar una doble o triple correción, pero deberá ser a petición del alumno y con el riesgo de que disminuya la nota.

Los rectores opinan que estos cambios "desprestigiarán" la prueba, en palabras del presidente de la Conferencia de Rectores de Universidad Españolas (CRUE), Saturnino de la Plaza, aunque están de acuerdo en que la doble o triple corrección sea a petición del alumno y no de oficio, por las dificultades de organización y presupuesto que supondría generalizarla.

Los rectores pidieron que la nota mínima para aprobar se elevara de 4 a 5 con el fin de prestigiar la prueba, una petición que también respaldaron asociaciones como la confederación de padres laica CEAPA y que, sin embargo, no ha sido escuchada por el Gobierno.

"Realzar el mérito"

El ministro de Educación, Mariano Rajoy, resaltó ayer que los objetivos de los cambios aprobados son "realzar el mérito y la capacidad de los estudiantes" y evitar que los alumnos "se jueguen el trabajo de muchos años en una prueba". Rajoy resaltó que en la reforma incluye que la "comisión organizadora de cada prueba vigile si hay importantes diferencias entre los resultados de bachillerato y de la prueba de un buen número de alumnos de algún centro y los remita a las administraciones para que haga públicos los posibles casos en los que se observe que se han inflado las notas". Sin embargo, el ministro no hizo ninguna referencia a posibles sanciones a esos centros.

Los responsables de las universidades consideran "un error" que el bachillerato se pondere más que la prueba por el riesgo de que algunos centros inflen arbitrariamente las notas. Su otra queja -que establecer un doble correción generalizada comportaría grandes costes y dificultades- ha sido escuchada por los responsables del ministerio, que han decidido hacerla optativa.

En contra de esta reforma se mantienen dirigentes educativos como el consejero andaluz, Manuel Pezzi, que se opuso hace varias semanas a que se otorgara mayor peso al bachillerato y pidió sin éxito la retirada del documento. Los representantes de los sindicatos CC OO y UGT y los portavoces del PSOE, de la confederación de padres laica CEAPA y del Sindicato de Estudiantes consideran que la reforma realizada por el Gobierno es insuficente, superficial y no soluciona problemas importantes de la prueba, como el desajuste entre oferta de titulaciones y las demandas de los alumnos.

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Otra de las reformas que Rajoy ya tiene lista es el real decreto para la creación del distrito único universitario, de gran complejidad. El cambio consiste en que los estudiantes de una localidad podrán solicitar el ingreso en la universidad pública española que prefieran o en la que tengan más posibilidades de estudiar su carrera preferida. Esta iniciativa, que en apariencia favorece la movilidad de los estudiantes y, de hecho, es considerada positiva por la mayor parte de la comunidad educativa, tiene el problema de que puede crear importantes desigualdades entre los alumnos que puedan costeare los estudios en otra localidad y los que no tengan recursos para ello.

También se dará la posibilidad a los alumnos de moverse de universidad para estudiar el segundo ciclo de la carrera y de estudiar un solo año de su carrera en una universidad diferente a la que pertenecen.

Otro de los problemas que plantean estas iniciativa es que los alumnos de una determinada localidad y sin recursos económicos para marcharse a estudiar a otro lugar pueden quedarse sin plaza en la universidad más cercana porque la ocupen alumnos de otras comunidades. Este argumento ha llevado en repetidas ocasiones a algunos rectores a cuestionarse la conveniencia de establecer un distrito completamente abierto y a plantear, como una posibilidad mejor, el aumento de las plazas del distrito compartido (destinadas sólo a los alumnos de otras universidades). Actualmente las universidades tienen que reservar para éste entre el 5% y el 10% de sus plazas, aunque no se cubren, generalmente por falta de solicitudes.

El Gobierno ha anunciado una partida de becas de 11.500 millones para financiar los tres tipos de movilidad que quiere aprobar, cantidad insuficiente si se hacen cálculos. Por ejemplo, habrá becas para 18.500 alumnos que quieran estudiar en una universidad de otra localidad, lo que supone el 1,2% del 1,5 millones de universitarios.

21.000 millones del Gobierno y 7.700 de las comunidades

Mariano Rajoy presentó también ayer un informe al Consejo de Ministros en el que se anunciaba otra reforma, la que modificará mediante dos reales decretos las retribuciones y el régimen del profesorado universitario para dar estabilidad a unos 8.000 docentes en situación laboral precaria.Los principales cambios son la creación de una nueva retribución para los profesores asociados a tiempo completo que sean doctores, que se equipara a la de los titulares universitarios, y la eliminación del límite de contrataciones que tienen todos los profesores asociados a tiempo completo, establecida actualmente en tres años.

La figura de profesor asociado, recogida en la Ley de Reforma Universitaria, fue creada para permitir que los profesionales en ejercicio dieran clases en la universidad. Sin embargo, su uso se ha convertido en una forma de contratación general.

El Gobierno financiará estos cambios con 21.000 millones de pesetas en tres años y las comunidades con 7.700 (1.750 millones el primer año, 2.450 el segundo y 3.500 el tercero).

Transcurrido ese plazo, deberán asumir este gasto las comunidades. Pero esta ayuda tiene una condición. Según dijo Rajoy tras el Consejo de Ministros, el Gobierno aporta esta financiación, pero, a cambio, las universidades tendrán que ajustarse a los criterios de estabilidad de la Unión Europea (0,1% de superávit en el 2002).

El Ejecutivo sacará los 7.000 millones que dará el próximo año del fondo de nivelación de servicios públicos básicos recogido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, un fondo destinado en realidad a compensar a las comunidades por posibles desigualdades. El PSOE y algunas comunidades, como la andaluza, ya han mostrado su oposición a que se use esta vía.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0022, 22 de octubre de 1999.

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