Sindicatos y ONG critican al PP por el parón de la ley de extranjería

Los sindicatos Comisiones Obreras (CC OO), Unión General de Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO), así como diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) arremetieron ayer contra el Gobierno y el Partido Popular por la paralización de la tramitación parlamentaria de la nueva ley de extranjería, como ya habían hecho el jueves casi todos los partidos. A juicio de la secretaria de Acción Social de UGT, María Jesús Vilches, el Ejecutivo comete una "gravísima irresponsabilidad" con ese parón y "está engañando" a los inmigrantes al crearles "falsas expectativas". La nueva ley incluye entre otras medidas, la prestación sanitaria y educativa a todos los extranjeros, tengan o no regularizada su estancia en España.El secretario de Acción Social de USO, Ramón Salaices, si bien considera "significativamente mejorable" el texto legal debatido, considera "inmoral e injusto" que se retrase su aprobación.

Problemas económicos

Desde CC OO, su secretario de Migraciones, José Luis Sánchez, afirmó que los problemas del PP para tramitar la ley antes de fin de año como estaba previsto no son económicos (como habían aducido el jueves algunos dirigentes populares) sino políticos. "Sólo creen en el control de fronteras y en la restricción de derechos", espetó.

SOS Racismo y la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHE) abundaron en estas críticas al argumento económico para retrasar la ley ya que calculan el coste de la atención sanitaria en unos 3.000 millones, una cantidad que consideran "perfectamente asumible". Añaden que además es una falacia por cuanto que si se regulariza la situación de los inmigrantes como contempla la ley cotizarán a la Seguridad Social y contribuirán a Hacienda". "Es un claro ejemplo de que el racismo que puede aflorar en la sociedad tiene claras raíces institucionales", arguenta la Asociación Pro Derechos Humanos en un comunicado.

La Asociación de Trabajadores Marroquíes en España cree además que es falso que la demora se deba a cuestiones presupuestarias, que en todo caso "no parece serio que se planteen en este momento" y considera que se ha querido dar "una imagen de apertura y solidaridad" que "no responde a los objetivos del Gobierno".

En el propio Partido Popular existen discrepancias sobre el asunto, pues mientras el diputado popular ponente de dicha ley, Diego Jordano, sostiene que tiene "problemas de reajuste presupuestario" y asumió que los plazos para darle luz verde están muy ajustados, el ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, minimizó esos problemas y reafirmó la voluntad de todos los grupos políticos para aprobarla en esta legislatura. "Supongo que dará tiempo", dijo.

Por su parte, el portavoz del Gobierno, Josep Piqué, se limitó a declarar tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo está "intentando" que la ley se apruebe y animó a "los grupos parlamentarios a que eso sea posible".