El Congreso convalida el decreto-ley de firma electrónica, pese a las denuncias del PSOE

La ex secretaria de Estado de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega, lanzó ayer serias advertencias contra el decreto-ley que regula la firma electrónica. Dijo que puede ser inconstitucional; que se dicta antes de que la Comisión Europea haya determinado su posición en este asunto; y que permite sólo a grandes operadores que actúen como fedatarios de la firma por Internet, al exigir a las entidades que presten ese servicio una fianza mínima de 1.000 millones de pesetas. Pero el decreto-ley fue convalidado por el pleno del Congreso, al votar a favor del mismo PP, CiU, Coalición Canaria y PNV.

Una vez dictado por el Consejo de Ministros del 17 de septiembre pasado, faltaba la convalidación por el Congreso de los Diputados para que el decreto-ley cumpliera con las formalidades previas a su aplicación. Esto fue el trámite realizado ayer. El decreto-ley en cuestión reconoce a entidades públicas y privadas la capacidad de certificar la firma electrónica para usarla en el tráfico de datos vía Internet. La norma no regula el comercio electrónico, sino, exclusivamente, las condiciones para reconocer eficacia jurídica a la firma electrónica y la creación de un registro en el Ministerio de Justicia para inscribir a los que deseen prestar el servicio de reconocimiento de aquella. A la firma electrónica se le atribuye incluso el valor de prueba judicial.

El Grupo Socialista y Nueva Izquierda (NI) votaron en contra de la norma, que juzgan "inconstitucional" por no estar justificada la urgencia con que se ha dictado. Izquierda Unida se abstuvo. Pero los demás grupos optaron por apoyar la convalidación, que recibió así los apoyos de PP, CiU, PNV y Coalición Canaria.El portavoz de CiU, Ignaci Guardans, insistió en que este decreto-ley debe ser tramitado ahora como una ley ordinaria. Y el ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, concedió que debe hacerse así. Un propósito que será papel mojado para esta legislatura, salvo que se hiciera por procedimiento de urgencia. Mientras, el decreto-ley está en vigor.

La urgencia, precisamente, fue una de las alegaciones fundamentales de Arias-Salgado para defender la norma convalidada ayer. El ministro aseguró que la urgencia deriva de la importancia que el comercio electrónico va a adquirir en los próximos años, así como el creciente volumen de actos administrativos que podrán hacerse por medio de Internet. Describió como "conservadores" a los grupos opuestos al decreto-ley y les recomendó que no se empéñen en encorsetar Internet con normas "propias del siglo XIX".

Para la portavoz socialista en este debate, María Teresa Fernández de la Vega, el decreto-ley es una norma inconstitucional; tanto porque no está acreditada su urgencia -el artículo 86 de la Constitución reserva el decreto-ley a casos de "extraordinaria y urgente necesidad"-, como porque crea una tasa nueva, que es la que el ciudadano habrá de pagar a la entidad que le certifique su firma electrónica.

Fernández de la Vega consideró "imprudente" regular este asunto antes de que estén aprobadas las directrices europeas sobre la firma digital y el comercio electrónico. Para la portavoz socialista, lo que el Gobierno intenta con esta urgencia es beneficiar a "los grandes operadores económicos", empezando "la casa por el tejado" al regular la firma electrónica, "que es sólo un medio para el comercio electrónico, en vez de haber abordado en primer lugar las garantías de los consumidores en la realización de esas transacciones".

"Nadie está en contra de que se introduzcan sistemas como éste", precisó Fernández de la Vega, "pero no por decreto-ley".