Los daños en las nuevas viviendas estarán cubiertos hasta diez años por un seguro

Desde una gotera hasta los cimientos. Los daños de un edificio de viviendas serán reparados de forma automática y gratuita para su dueño hasta 10 años después de que el edificio haya sido terminado, según la ley de edificación aprobada ayer por el Congreso, y que en las próximas semanas será publicada en el BOE. Los constructores y promotores deberán contratar tres seguros diferentes para ello, lo que encarecerá la vivienda entre un 0,6% y un 0,8%, según el Ministerio de Fomento. El texto también pone fin a la guerra profesional entre arquitectos e ingenieros industriales.

La Ley de Ordenación de la Edificación, que entrará en vigor en mayo, nace con la pretensión de convertirse en la constitución del sector, pero "se queda corta", según el diputado socialista Víctor Morlán. Sus 20 artículos regulan todos los aspectos de la construcción de cualquier edificio y establecen una "gran garantía" para los compradores de vivienda nueva, en palabras del ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado.Esa garantía se traduce en en tres seguros distintos que deben contratar constructores y promotores, según el caso, para cubrir posibles problemas provocados por una construcción defectuosa. Cada seguro corresponde a un tipo de daño y tiene una duración diferente.

Así, estarán cubiertos durante 10 años los daños relacionados con los cimientos, las vigas, los techos o cualquier otro elemento que afecte a la estructura del edificio. La rotura de una tubería o cualquier otro problema que afecte a las condiciones de habitabilidad del piso estarán garantizados durante tres años. Y si se resquebraja la pintura o se produce cualquier otro defecto en el acabado de la obra por algún vicio oculto del edificio, la compañía aseguradora abonará el importe de la reparación si el daño tiene lugar durante el primer año de vida del edificio.

El seguro es automático, pero tanto la compañía como el propietario podrán reclamar responsabilidades por incumplimiento de contrato.

La contratación de estos seguros provocará un incremento del precio de la vivienda de entre un 0,6% y un 0,8%, según los cálculos del Ministerio de Fomento. Esto significa que un piso que hoy se vende por 20 millones de pesetas se encarecería entre 120.000 y 160.000 pesetas. Las asociaciones de consumidores consideran "razonable" una subida de hasta el 0,5%, pero, incluso si se produce la calculada por el Gobierno, reconocen la importancia de la ley para el usuario.

Estas nuevas obligaciones sustituyen un panorama confuso en el que el constructor no tiene por qué contratar un seguro, el propietario no sabe a quién reclamar y no están claras las responsabilidades.

El presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), José María Múgica, subraya que los constructores no suelen estar dispuestos a solucionar el problema de forma amistosa, por ejemplo a través del arbitraje, por lo que los propietarios se ven obligados a llevar el asunto a los tribunales, lo que alarga el problema y no garantiza resultados. La mayor parte de las reclamaciones presentadas ante la OCU relacionadas con la vivienda responden a "vicios ocultos" del edificio.

El PSOE no comparte esta opinión. Morlán asegura que el usuario tendrá difícil reclamar ante los tribunales, ya que la ley "diluye las responsabilidades y demora el proceso". En este sentido, la norma establece que si un constructor, por ejemplo, es demandado por un comprador, éste puede pedir que la demanda se notifique a todos los participantes en la edificación (promotor, proyectista, director de obra y otros). El texto obliga al Gobierno a elaborar un código técnico que establecerá todas las exigencias que debe cumplir un edificio, como seguridad, repercusiones medioambientales y ruidos.

Ingenieros y arquitectos

El texto pone fin a la guerra profesional entre arquitectos e ingenieros industriales. Y da como vencedores a los primeros, que gozarán en exclusiva del derecho a construir edificios de oficinas, hospitales, iglesias, viviendas, colegios y centros culturales.

Los perdedores son los alrededor de 40.000 ingenieros industriales e ingenieros técnicos industriales que durante meses han batallado para que el texto recogiera sus demandas en el trámite parlamentario. No lo han conseguido, a pesar de las manifestaciones que sacaron a las calles de varias ciudades españolas a miles de estudiantes de esta especialidad en marzo.

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, Ángel Llobet, subrayó ayer que el colectivo que representa no descalifica por esta cuestión una "ley necesaria", pero criticó al Gobierno por no haber aprovechado su tramitación para favorecer la competencia abierta entre profesionales, en lugar de dejar campos acotados. En el otro lado, los aparejadores y arquitecos se mostraron satisfechos.