Los jueces palestinos se declaran en huelga contra las injerencias de Arafat

Los jueces palestinos han iniciado una huelga para protestar por las reiteradas injerencias del Gobierno autónomo de Yasir Arafat en la Administración de Justicia. La protesta de los magistrados está siendo apoyada por las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que han conminado en reiteradas ocasiones a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) a respetar las normas democráticas mínimas y, en especial, la independencia del Poder Judicial.

La paciencia de los magistrados palestinos -que en los últimos meses habían venido acusando a la Autoridad Palestina de boicotear sus resoluciones impidiendo en muchos casos que éstas se lleven a término alegando razones policiales y de seguridad- ha llegado a su límite como consecuencia de una orden del Ministerio de Justicia palestino por la que se establece una serie de traslados que, al parecer, afectan sobre todo a determinados "funcionarios incómodos" o que instruyen "sumarios sensibles", según afirman organizaciones de derechos humanos."No tenemos un sistema judicial independiente. Hay injerencias continuas en la decisión de los jueces", manifestó a la prensa el magistrado Issa Abu Sharar el pasado lunes, pocas horas después de que se manifestara, junto con otros compañeros, ante el tribunal principal de Ramalha, capital administrativa de Palestina.

La protesta de Sharar y de sus compañeros se desencadenaba tres semanas después de que Arafat tratara de tranquilizar a los profesionales del mundo judicial firmando un decreto en el que reafirmaba "la independencia de la Administración de Justicia" bajo el mandato del presidente del Supremo palestino y añadiendo que "ninguna otra persona o estamento está autorizado a intervenir o interferir en los asuntos judiciales".

Pero el tono aparentemente enérgico del decreto no impidió que aquella misma semana las fuerzas de seguridad palestinas se negaran a acatar, por razones de "orden público", las sentencias decretadas por el Tribunal Supremo que ordenaban la liberación de algunos presos políticos que se encuentran desde hace meses en prisión sin juicio.

La última decisión del Supremo no acatada se registró la semana pasada cuando las Fuerzas de la Seguridad Preventiva se negaron a liberar a un estudiante palestino (Ibrahim Muhamed Alwan, de 26 años) que desde hace tres años se encuentra en prisión condicional, según han asegurado organizaciones de derechos humanos.

Las tensiones existentes entre el Gobierno de Arafat y la Administración de Justicia no son nuevas. El pasado año el fiscal general palestino dimitió de su cargo para protestar por las injerencias del Gobierno en sus funciones. Esta dimisión coincidió con el cese fulminante del presidente del Tribunal Supremo después de que protagonizara un enfrentamiento con el ministro de Justicia a raíz de una decisión profesional que podía afectar la imagen de Arafat.

Durante cerca de un año la cúpula del aparato judicial palestino permaneció vacante, mientras arreciaban las críticas contra Arafat, lo que obligó finalmente a éste, en junio, a nombrar los dos sustitutos y a comprometerse públicamente a respetar la independencia de la Administración de Justicia.

Por otra parte, centenares de ciudadanos del territorio de Gaza se congregaron ayer ante el Ministerio de Asuntos Civiles palestino para solicitar el carné magnético que les permita viajar el próximo domingo hasta Cisjordania utilizando el corredor de 45 kilómetros pactado entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina.

[El primer ministro israelí, Ehud Barak, anunció ayer el desmantelamiento de 15 de las 42 colonias judías establecidas en Cisjordania hace un año, según la televisión pública israelí. Sobre el resto de los enclaves, Barak sólo dijo que ocho son "legales" y que otros tres recibirán la autorización pertinente en unos días, informa Afp.]