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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Pactos y bochorno

LOS PACTOS son un componente esencial de la política, incluso de la buena política. Es lógico que de ellos se derive un determinado coste económico de acuerdo con las prioridades de gasto convenidas y con las normas de la transparencia más absoluta. Pero lo que ha hecho el PP para evitar su desalojo de la alcaldía de León va mucho más allá de lo que constituye una transacción política admisible. Comprometer una inversión pública de más de 200.000 millones de pesetas como moneda de cambio para impedir una moción de censura municipal entra de lleno en el mercadeo político. El PP afirma que el grueso de la inversión estaba prevista, pero, sea o no una deuda pendiente presentada como nueva oferta, lo cierto es que varios alcaldes populares de la región la han considerado un agravio comparativo. En todo caso, es el procedimiento, más que la cuantía exacta de las cifras, lo que muestra la naturaleza de la transacción: el poder por el poder, desnudo y sin métaforas.La predisposición del PP a tirar del talonario de los presupuestos públicos para conservar parcelas de poder estaba bien acreditada. A raíz de las elecciones municipales y autonómicas del 13-J ya recurrió a este tipo de argumentos presupuestarios para intentar desbaratar los pactos que le desalojaron de los gobiernos autónomos de Baleares y Aragón. En esos casos, la oferta de inversión pública, suculenta, no tuvo éxito: las fuerzas políticas interesadas la juzgaron escasamente creíble y manifiestamente oportunista.En el caso de León, la Unión del Pueblo Leonés (UPL), que preparaba, junto con el PSOE, la moción de censura para descabalgar al PP de la alcaldía, ha considerado la oferta lo suficientemente atractiva como para tenerla en cuenta. ¿Habrá que reconvenir a UPL por haber desistido de la moción de censura ante un descomunal ofrecimiento de inversión o un aumento de los cargos públicos a ocupar? A quien hay que pedir explicaciones es a quien considera admisible poner al servicio de sus objetivos de poder la gestión de recursos que son de todos los ciudadanos.

Los socialistas han puesto el grito en el cielo ante un comportamiento que juzgan equiparable a la compra de concejales o de partidos por el GIL o por Mario Conde. Un juicio tan extremo no es raro en la oposición; lo sorprendente es que haya coincidido con algunos alcaldes populares de la región castellano-leonesa. Todavía es más extraño que comportamientos de esta índole no hayan impedido a Aznar poner estos días al PP poco menos que como paradigma de las virtudes políticas.

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