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LOS LIBROS DE TEXTO

Libros bajo control

Los editores piden la supresión de la "censura previa" de las comunidades sobre los textos escolares

La industria editorial española publicaba en 1990 un total de 2.500 libros de texto diferentes. La cifra se ha multiplicado por 10: ahora son 25.000. La implantación de la reforma hacía necesaria una ampliación de la oferta, pero en ningún caso de forma tan espectacular, según aseguran los editores. Al asumir las competencias educativas, varias comunidades autónomas han establecido severos controles para autorizar la publicación de los libros. Los editores denuncian que los cambios impuestos por las comunidades obligan a realizar multiediciones, lo que se traduce en un encarecimiento del 10% al 15% en el precio que pagan las familias.

España es el único país de la UE que somete a los libros de texto a un control previo de carácter autonómico. Y sólo un país ejerce control estatal: Francia. Los editores españoles rechazan tajantemente lo que califican de "censura antediluviana", en referencia a los controles de ocho comunidades (las siete que tienen competencias desde hace años más Baleares). Ninguna de ellas ha seguido el ejemplo del Gobierno central, que los suprimió hace un año. Los cambios que imponen esas comunidades obligan a hacer un mínimo de nueve ediciones por texto, lo que eleva cada año de 900 a 6.000 los nuevos libros. Las consecuencias son, según los editores, el encarecimiento, la falta de libertad de los autores, los retrasos de las ediciones y la desvirtuación del tronco educativo común.

Si no existieran los controles autonómicos habría actualmente en el mercado unos 6.000 libros de texto en lugar de 25.000, según calculan las editoriales. Y, si en los últimos años no hubieran aparecido tantos avances tecnológicos, el aumento de precio provocado por las multiediciones no hubiera sido del 10% al 15%, sino incluso del 50%.Los editores suelen presentar en diciembre a los evaluadores las muestras de los libros, en teoría, para que vigilen que se acomodan al currículo oficial y no tengan errores. Pero los editores aseguran que, en la práctica, se analizan criterios pedagógicos, diferencias lingüísticas y, además, se hacen peticiones que en ocasiones rayan en el absurdo.

Todos aseguran que no tienen nada contra la gestión autonómica de la enseñanza y que están abiertos a diferentes soluciones. "La cuestión es cómo administrar la diversidad para no caer en el control y garantizar que haya un juego libre de iniciativas", resume el vicepresidente del Grupo Santillana, Emiliano Martínez.

- Grados de control. Las ocho comunidades que realizan controles son Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y País Vasco. Hay dos grados de intervención, según los editores. El primero es el de Cataluña, País Vasco y Canarias, que realizan un control absoluto y juzgan página a página. El segundo es el de las otras cinco, que evalúan el proyecto en general, aunque solicitan cambios para introducir localismos o matizaciones diversas.

Aparte de estos controles, existe otro, a posteriori, del Ministerio de Educación, que realiza la alta inspección. Los editores apoyan este examen. "Las objeciones de los inspectores son revisadas con tiempo, y es raro que se retire un libro, porque para ello tiene que haber un delito", señala Emiliano Martínez.

- Cuadernillos autonómicos. Los responsables de las editoriales están de acuerdo en que la solución más razonable es que todas la comunidades eliminen el control previo. "Se seguirían realizando ediciones especiales cuando fuera necesario, como, por ejemplo, con algunos libros de sociales", señala el presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), Mauricio Santos. Los editores están abiertos a adoptar el sistema de Alemania: hacer cuadernillos complementarios de algunas materias para las comunidades que lo soliciten.

- Papel de los profesores. Mauricio Santos recuerda que el profesor es el que decide el libro en el que quiere basar la enseñanza: "En algunas ikastolas hay docentes que hacen manuales y los distribuyen por medio de fotocopias. Esos contenidos no pasan ningún tipo de examen previo, lo que demuestra que la supervisión que nos imponen a nosotros es una censura".

Para el director de ediciones escolares de SM, Fernando López Aranguren, "es una censura antediluviana" y deben ser los profesores los que decidan si los libros se adecuan o no a los requisitos de la enseñanza. Un aspecto en el que también insiste el jefe de publicaciones escolares de Bruño, Sebastián Marsinyach: "Al obligar a los profesores a limitarse a una serie de libros, las comunidades los tratan como menores de edad". "No se está teniendo en cuenta que las editoriales hemos hecho un esfuerzo para que se conozcan las comunidades", resalta Marsinyach.

- Arbitrariedad. Emiliano Martínez recuerda una frase de un supervisor: "Usted me lo enseña, y yo lo único que le tengo que decir es si vale o no vale". López Aranguren resalta que "la censura" no se ejerce igual en todas las comunidades ni entre unos equipos y otros. "Algunas, como Canarias, tienen comisiones de expertos anónimas, que se toman meses y meses para responder o ni siquiera llegan a hacerlo. En Andalucía ocurría antes, pero ahora ha mejorado mucho la situación".

El director de publicaciones de Anaya, Francisco Prior, hace también hincapié en los problemas con Canarias: "Al rechazar un libro a menudo dan como única explicación que no lo ven bien". Prior, como el resto de los editores, también se opone al pago de los llamados décuplos (el cobro de diez veces el precio de cada libro) que eliminó el ministerio hace más de una década y que Canarias recuperó al recibir las competencias educativas.

- Adaptaciones locales. El jefe de ediciones escolares de Edelvives, Basiliso Martínez, dice que el sistema "es perverso en sí mismo": "Es una censura previa que pone en entredicho nuestra madurez y responsabilidad". Lo que perturba más es, según los editores, "la acomodación sociocultural". Aseguran que en Canarias y Cataluña se pide mucha literatura local y se dejan de estudiar otros autores importantes. También destacan los problemas en la Comunidad Valenciana sobre el origen del valenciano y su vinculación con el catalán.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 11 de octubre de 1999