Manifiesto de 5.000 intelectuales en Valencia

El decreto de homologación de libros de texto en la Comunidad Valenciana ha sido el instrumento utilizado por el PP durante la pasada legislatura como arma arrojadiza en el conflicto lingüístico, que se plasmó en una polémica "reforma de los libros de texto" en septiembre de 1997 por la que se eliminaba cualquier referencia a la unidad lingüística del valenciano y el catalán. Los escolares valencianos estudiaron con los mismos libros del año anterior, pero sin las páginas que mencionan el tronco común.El método utilizado para eliminar toda referencia a la cultura catalana fue "poco ortodoxo", según denunciaron CCOO, UGT y el STEPV. El tono empleado por la Consejería de Educación para imponer los cambios a las casas editoriales fue el de "la amenaza por la vía jurídica", si en un plazo "muy breve" no acataban los cambios. "La lengua que se habla en la Comunidad Valenciana tiene un origen medieval al igual que otras lenguas peninsulares", reza el capítulo de Gramática Las lenguas valencianas, modificado en los libros de texto. Es decir, la evolución y el origen común del valenciano y el catalán se omitieron.

Editorial por editorial

Un 85% de las editoriales, según Camps, modificó la terminología para llegar a tiempo al inicio de curso. Sin embargo, un 5% de empresas valencianas se negó. Los funcionarios de Educación acudieron una por una a todas las editoriales."Se nos han sugerido ciertas modificaciones para no exacerbar el conflicto lingüístico", reconoció un portavoz de la editorial Marjal, del grupo EDB. Por su parte, la Associaciò d´Editors Valencians, a través de su presidente, Francesc Ferrer, denunció la existencia de presiones y llamadas telefónicas a determinadas editoriales instando a realizar cambios en páginas determinadas.

La reforma, sin embargo, modificó los mismos textos que habían pasado la homologación el año anterior. La negativa de ese 5% de editoriales valencianas que rechazó los cambios se tradujo en una proposición no de ley en las Cortes Valencianas por la que el Parlamento autonómico instaba "a los inspectores" a fiscalizar al profesorado valenciano para comprobar que no usaran términos "catalanistas".

El impacto social de la medida, que "viola la libertad de cátedra", provocó una polémica que culminó con la presentación a principios de 1999 del Manifest per l"Ensenyament del Valencià, firmado por 5.000 intelectuales, políticos, profesores y sindicatos, entre los que se encontraban el ex candidato presidencial del PSOE José Borrell, los dirigentes nacionales de UGT y CC OO y la ex ministra Carmen Alborch.