La intervención de EE UU en Colombia

Todo indica que la tan ansiada reanudación de las negociaciones entre las FARC y el Gobierno colombiano tendrá lugar próximamente en el municipio de La Uribe, departamento del Meta al sur oriente de Bogotá. La región de La Uribe es para las FARC un emblea y para el Ejército colombiano un trofeo. Durante el sangriento periodo de La Violencia (1948-1958) llegaron miles de campesionos a refugiarse en lo que hasta ese entonces era una gran hacienda. Venían organizados y guiados por Juan de la Cruz Varela, una guerrillero liberal que contribuyó con sus seguidores a fundar las FARC. En los años sesenta La Uribe fue un centro de una de las llamadas Repúblicas Independientes, que en realidad no eran más que zonas de autodefensa y autogestión campesinas. Razón por la cual la región fue bombardeada hasta lograr la dispersión de los colonos a lo largo de la cordillera y de los mil ríos que corren hacia el Orinoco. En los años setenta hubo nuevos bombardeos, pero en el 84 firmaron en la cabecera municipal los Acuerdos de Cese el Fuego entre el presidente Betancur y Manuel Marulanda, que sirvieron de marco a las conversaciones de paz que de una u otra manera continuaron hasta el año 90, cuando el Ejército atacó Casa Verde, sede del Estado Mayor de las FARC cerca de La Uribe. Se habló entonces de la recuperación de la región y de una victoria estratégica definitiva. Sin embargo, las guerrillas nunca abandonaron la zona aunque el Ejército lo proclamara a los cuatro vientos. Por eso, la instalación de la mesa en ese pueblo abandonado -que hace hoy parte de la zona desmilitarizada por el Estado- ha sido considerado por muchos como una afrenta para los generales y un triunfo del mítico jefe de los FARC.La mesa de negociación será instalada después de que la opinión pública pasó de una desbordante expectativa a un escepticismo derrotista. La gente de la ciudad cree poco en la voluntad de paz de la guerrilla, pero no tiene fe en el Gobierno. La popularidad de Pastrana bajó de un 80% a un 16%, nivel muy inferior al 30% que llegó Samper en su peor momento. La crisis económica, la más grave desde los años treinta, ha contribuido decisivamente a la incertidumbre. El desempleo llegó al 20%, el dólar rompió los controles y duplicó su valor en los últimos meses, la industria está postrada, la agricultura quebrada, y la construcción -canal receptor de dineros calientes- paralizada. Las muertes por violencia política o social suman 30.000 al año, los secuestros pasan de los 3.000, y los desplazados llegan al millón y medio.

El panorama de orden público es desolador. A los contundentes golpes asestados por las guerrillas a la Fuerza Pública, se suma la no menos demoledora reacción del Ejército. Los insurgentes tienen en su poder 1.000 soldados -incluyendo varios oficiales- mientras el Ejército ha podido mostrar a unos 200 irregulares abatidos. Las masacres hechas por los paramilitares no cesan y han cobrado la vida de por lo menos 2.000 campesinos este año. Los asesinatos selectivos de periodistas, intelectuales y políticos caen en el más vergonzoso silencio después de ocupar las primeras planas de los noticieros. La impunidad campea soberana a lo largo y ancho del país. La crisis de poder y de autoridad del Estado colombiano preocupa seriamente a los países vecinos. Ecuador y Perú han movilizado tropas a las fronteras, Brasil ha reforzado sus puestos de vigilancia sobre Colombia. Se dice que el nuevo Gobierno panameño está armando a los indios Cunas de la serranía del Darién para repeler un eventual ataque a la Guardia Nacional anunciado por los paramilitares para castigar la supuesta venta de armas a la guerrilla. La misma acusación y amenaza le han dirigido a las Fuerzas Armadas venezolanas. El presidente Chávez ha dicho que se defenderá. Su declaración de neutralidad en el conficto colombiano ha irritado hasta la histeria a Bogotá.

Aunque Estados Unidos no ha hecho ningún reparo explícito a la política de paz del presidente Pastrana, ha comenzado a exigirle una estrategia tangible y verificable de negociación. El Departamento de Defensa se muestra inquieto con el área despejada de fuerza militar acordada con las FARC como garantía para que los jefes guerrilleros asistan en persona a las negociaciones.

En los círculos interesados por Colombia en Washington se cree que la decisión de aplicar un tratamiento militar al conflicto es irreversible. Un Batallón compuesto por 950 hombres, entrenado por militares norteamericanos, ha recibido la orden presidencial de combatir a los narcotraficantes y a quienes con ellos colaboren. El general Wilhem, jefe del Comando Sur, ha dicho sibilinamente que si la guerrilla nada debe, nada debe temer del Batallón Antinarcóticos.

El Ejército colombiano se había marginado en la represión al narcotráfico, dejando esta función en manos de las policía, que ha fumigado los cultivos de coca y amapola con efectos contradictorios y contraproducentes: la superficie de cultivos ilegales ha aumentado, el precio de la cocaína y el de la heroína se ha sostenido elevado, y las selvas se han visto particularmente afectadas tanto por los venenos regados como por las nuevas zonas que los colonos abren para defenderse. El argumento para crear el Batallón Antinarcóticos del Ejército es precisamente que la fumigación no es efectiva porque los aviones son atacados por las guerrillas. El general Tapias, comandante de las Fuerzas Armadas, acaba de anunciar la organización de una Brigada Antinarcóticos, es decir, de cinco batallones equivalentes a 5.000 hombres. Sin duda, se trata de la injerencia más atrevida de Estados Unidos en el conflicto interno colombiano.

El batallón es la punta del iceberg. La ayuda militar norteamericana estaría cercana a los 700 millones de dólares anuales. Se dice también que el número de asistentes militares de Estados Unidos en el país llega a los 1.200, aunque el embajador de Estados Unidos en Colombia, señor Kaman, sólo acepte 300. Simón Trinidad, un célebre comandante de las FARC, denunció que en Puerto Rico se prepara una fuerza de 25.000 hombres para, llegado el caso, apoyar una fuerza de intervención multilateral en Colombia. El siniestro de un avión de inteligencia de Estados Unidos, en la cordillera cerca de donde entra a operar el Batallón Antinarcóticos, sacó a la luz pública el secreto de las victorias obtenidas por el Ejército sobre las guerrillas y ha servido de argumento para envalentornar a los halcones y dar seguridad a los hombres de negocios.

En estos términos, la mesa de negociación de La Uribe tiene muy poco espacio. Mientras el Gobierno colombiano insiste en que no está ganando tiempo para reorganizar su fuerza, Estados Unidos parece haber comenzado a darle prioridad al garrote (Plan B) en detrimento de la zanahoria (Plan A). El Plan B consiste en dotar al Ejército de la inteligencia militar y los aviones necesarios para que recupere la iniciativa; atacar las bases financieras de la guerrilla, es decir, la extorsión a los narcotraficantes y el secuestro de gente acomodada; desentenderse de los grupos paramilitares, pero facilitarles su acción mediante la organización armada de campesinos como red civil y militar de apoyo al Ejército regular.

Sin duda la Administración de Clinton ha optado por radicalizar su injerencia en Colombia de cara a las elecciones del próximo año. Unos demócratas desgastados pierden terreno frente a unos republicanos agresivos y autoritarios que han declarado al narcotráfico el heredero del comunismo y el problema de seguridad número uno de la nación americana.

Pastrana tendrá que hacer un formidable esfuerzo para mantener la alianza con Washington y al mismo tiempo impedir que ella avasalle la mesa de negociación y colapse el proceso de paz que con tenacidad y audacia ha logrado sostener a flote.