El Gobierno ratifica las instrucciones dadas por el juez Garzón a la fiscalía británica

El Gobierno ha ratificado de forma oficial las instrucciones cursadas por el magistrado Baltasar Garzón a la Fiscalía de la Corona británica en el caso Pinochet, según aseguró ayer el ministro de Exteriores, Abel Matutes. Esto garantiza que dicha fiscalía recurrirá ante la instancia superior en el caso de que hoy fuera denegada la extradición a España del ex dictador chileno, acusado ante la Audiencia Nacional de delitos de torturas y genocidio. Matutes afirmó que dio instrucciones de ratificar los criterios del magistrado Garzón al ser requerido oficialmente por el ministerio fiscal del Reino Unido.

En una conferencia de prensa conjunta con el presidente de la Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea Occidental (UEO), Luis María de Puig, celebrada ayer en Madrid, Matutes precisó que "es bueno que la ratificación se haga por los conductos oficiales del Ministerio de Exteriores, como reclama la fiscalía británica, porque eso es lo que establecen los tratados y las convenciones, y no podemos olvidar que la representación del Estado en el exterior está a cargo en exclusiva del Gobierno, y del Ministerio de Exteriores, en concreto".El ministro quiso salir al paso de la gran polémica generada por la entrevista en Londres de dos diplomáticos españoles con representantes de la fiscalía británica -en la que dijeron que la decisión final de recurrir no compete al juez Baltasar Garzón, sino al Ejecutivo-, al asegurar que España "no ha variado un milímetro" su posición original de "respeto a las decisiones de los tribunales".

La peor crisis exterior

El Gobierno de José María Aznar está sufriendo la peor crisis internacional de toda la legislatura con el caso Pinochet, ya que no ha conseguido hacer comprender su posición a sus homólogos chilenos, país que era uno de sus más firmes aliados en América Latina. Aznar, que ha evitado expresar su opinión sobre el fondo de la cuestión, sostiene que el Ejecutivo se limita a reiterar la cantinela del respeto a las decisiones de los tribunales. Esta posición, combinada con un permanente diálogo diplomático con el Gobierno de Chile, más la actuación del ministerio público encabezado por Jesús Cardenal y Eduardo Fungairiño oponiéndose a las resoluciones del magistrado Garzón, han generado diversas polémicas sobre la actuación del Ejecutivo en el caso Pinochet.Matutes señaló ayer que "quienes hablan de diferencias" entre el Gobierno y el juez Baltasar Garzón "son otros".

Para el ministro "algunos han perdido una magnífica ocasión de callar". "Con todos los respetos", añadió Matutes, "creo que algunos, aquí, en España, primero disparan y luego preguntan quién vive, y aprovechan cualquier rumor, cualquier intoxicación, sin confirmar, para montar su propio y particular ruido".

Matutes quiso despejar las dudas existentes sobre la gestión realizada ante la Fiscalía de la Corona británica por el diplomático Miguel Aguirre de Cárcer, y la abogada de la Embajada española en Londres, Carmen de la Peña. Matutes se preguntó: "¿Alguien cree de verdad que dos funcionarios, que no son altos funcionarios del ministerio, que van en misión informativa a la fiscalía para conocer todo el sistema de recursos que se va a producir, pueden de verdad, creíblemente para la propia fiscalía británica, y verbalmente, contradecir las instrucciones dadas por el magistrado?"

Tras la entrevista con los funcionarios españoles a la que se refirió Matutes, el miembro de la fiscalía británica Brian Gibbins, en carta remitida al juez Garzón [ver el EL PAÍS del 7 de octubre y la información de hoy en esta misma página], reclamaba aclaraciones ya que no podía considerarse "instruido para recurrir si una parte del Estado español -el juez Garzón- da órdenes que parecen estar en conflicto con otra parte del Estado [el Ministerio de Asuntos Exteriores]".

Aunque Matutes pidió que "no se siguiera especulando sobre esas cuestiones", tanto representantes del PSOE como de Izquierda Unida y el Grupo Mixto han solicitado que el presidente del Gobierno y su ministro de Exteriores aclaren lo antes posible en el Congreso de los Diputados sus "ambigüedades calculadas" en el caso Pinochet.