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El Gobierno sólo ha podido sancionar a siete de las 200 empresas sospechosas de arrojar vertidos

El número real es mucho mayor, pero la falta de pruebas hace imposible la denuncia. En lo que va de año, el Gobierno vasco ha investigado a 200 empresas sospechosas de verter sustancias contaminantes a los ríos. Sin embargo, sólo ha podido sancionar a siete. El pasado año, el número de expedientes sancionadores llegó a 12 y en 1997 se batió el récord con un total de 40. Para el Ejecutivo la disminución se debe al mayor control oficial, la mayor concienciación empresarial y la posibilidad que tienen las compañías de acogerse a ayudas para reconversión de residuos.

Cientos de peces muertos, aguas fluviales espumosas o de colores sospechosos son algunos de los síntomas que revelan que los ríos contienen sustancias contaminantes. Aunque este tipo de desastre ecológico no se debe siempre a vertidos de empresas, mayoritariamente son las fábricas las principales causantes. De lo que no hay duda es de que los vertidos tóxicos son los más dañinos: el mercurio y el zinc, entre otros. Así lo constata Jon Buesa, director de Aguas del Departamento de Obras Públicas. En su libro de registros, recoge que en lo que va de año su consejería ha abierto siete expedientes sancionadores, por debajo de los doce de 1998 y hasta 33 menos que en 1997. "A partir de este año [1997] se dio un gran impulso. Se elaboró un plan de saneamiento, hubo más vigilancia y también más concienciación de las empresas. Éstas empezaron a recibir subvenciones para reconvertir los residuos contaminantes", argumenta Buesa para justificar la diferencia de cifras. En menor medida, también la Ertzaintza recibe denuncias de vecinos en sus dependencias. Desde enero, ha tramitado tres por vertidos en cauces fluviales, dos de ellas en Vizcaya y la otra en Guipúzcoa. La primera se registró el 4 de junio como consecuencia de la contaminación tóxica en un riachuelo de Zarátamo (Vizcaya). Pocos días después, recibió una queja por la existencia de restos fecales en un regato que desemboca en la playa Atxiribil de Sopelana. La última fue el 15 de agosto en Guipúzcoa por el vertido de combustible al río Oiartzun de Rentería: murieron peces y patos. En 1988, las denuncias fueron sólo dos, según datos proporcionados por la oficina de prensa del Departamento del Interior. Una vez que se pone en marcha la investigación es el servicio de Montes de las Diputaciones el encargado de comprobar y recoger muestras en aquellos cauces donde se han localizado sustancias contaminantes. Aunque siempre hay responsables. Pillar en flagrante delito al autor del vertido no parece tarea sencilla. Suele ocurrir que sus fatales consecuencias se presentan lejos de su lugar de origen. Excepcionalmente, existen testigos oculares. "Los grupos ecologistas y la sociedad en general creen que ocultamos a los responsables, pero nada más lejos de nuestra intención. Nosotros somos los primeros interesados en denunciar a los que provocan los vertidos. Pero se necesita una serie de pruebas que no siempre tenemos", aduce el director de Aguas ante el bajo número de expedientes sancionadores impuesto por el Gobierno vasco. Cuando las denuncias prosperan, las multas oscilan entre un millón y 200 millones de pesetas. En casos extremos, se cierra la empresa o los jueces encarcelan a sus responsables, aunque en Euskadi se desconoce este tipo de actuación. "El procedimiento es largo y suele terminar en el tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero generalmente acaba resolviéndose en contra de la empresa", asegura Buesa. Casos cerrados Los datos parecen darle la razón. El 100% de los expedientes sancionadores de 1996 se ha resuelto a favor de la Administración vasca. De los 40 de 1997 se ha cerrado el 30%, mientras que el resto está todavía pendiente. Y, finalmente, el 90% de de los 12 del año pasado está cerrado, asegura el director de Aguas. No obstante, todavía se da la circunstancia de que muchas empresas prefieren seguir arrojando sus vertidos tóxicos y arriesgarse a pagar la multa impuesta antes que cambiar de estrategia. "Yo creo que ninguna industria contamina porque quiere. Hay modelos de producción que han quedado obsoletos y no están adaptados tecnológicamente. Ninguna empresa pude estar vertiendo tóxicos y al mismo tiempo querer competir en Europa", resalta Buesa. Finalmente, recuerda que cuatro de las siete empresas sancionadas en 1999 están ubicadas en Vizcaya, dos en Álava y una en Guipúzcoa. Y que las zonas más contaminados son la del Alto Nervión, el paso de este río por Basauri y la que riega el Oria en Guipúzcoa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 30 de septiembre de 1999

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