Entre la prioridad y la marginación

Al analizar las perspectivas con las que se inicia el curso en las universidades españolas hay que tener en cuenta un hecho relevante. Me refiero a las elecciones generales, con su indudable influencia sobre los diversos ámbitos, entre ellos el universitario. Es un hecho que viene poniéndose de manifiesto de forma recurrente, la escasa atención que se presta en los grandes debates a la educación superior universitaria, cuando por otro lado hay una amplia coincidencia a la hora de considerar uno de los motores del desarrollo de los pueblos la atención a la educación superior.En los campus produce decepción que en los debates del Estado de la nación no se escuchen voces que se ocupen de los problemas de las universidades y sus posibles soluciones. Otro tanto suele ocurrir en los debates que se producen en las campañas electorales, como la que se avecina. Pedimos, casi diría que reivindicamos, que tanto en los programas de los partidos como en la campaña la universidad tenga la prioridad que corresponde a su elevada función social, saliendo así de su habitual papel de extra en la película electoral.

Está a punto de concluir una legislatura con un pobre balance en la solución de los problemas tantas veces enunciados, y solamente la concreción urgente de las medidas apuntadas por el ministro Rajoy podrían salvar de la frustración ciertas esperanzas.

La situación del profesorado no permanente; la promoción con criterios de mérito y capacidad en la carrera docente bien definida; la dignificación retributiva de los diversos tipos de profesores; la adecuada financiación que suponga elevar los estándares de calidad en la formación de los estudiantes, con instalaciones bien equipadas y mantenidas; el incremento de la participación universitaria en las actividades de investigación financiadas por fondos públicos; la actualización del marco legislativo que desarrolle el derecho fundamental de la autonomía universitaria en el nuevo campo competencial de las comunidades, y la regulación de la coordinación del sistema universitario como competencia del Estado son, entre otros, temas que precisan una urgente definición.

Las universidades españolas y el propio sistema universitario tienen por delante el importante reto de adecuarse a las nuevas demandas de la sociedad, al nuevo escenario que supone la internacionalización de la educación superior, con los retos que ello comporta al ampliarse los espacios educativos más allá de los límites geográficos de un país.

La movilidad de estudiantes y docentes, principio enriquecedor, no sólo para ellos sino también para las instituciones, debe ser facilitado en los próximos tiempos, eliminando dentro de España las barreras hoy existentes con la compartimentación de distritos universitarios y avanzando con el rigor preciso en la armonización de las estructuras curriculares en el espacio europeo.

Hoy más que nunca, hasta ahora, a la universidad se le pide que extienda su labor formativa a sectores de la población distintos del tradicional estudiante universitario, participando de forma activa en el axioma, generalmente reconocido, de que el aprendizaje es una actividad para toda la vida. Para ello, la incorporación al método docente de las modernas tecnologías de la información y las comunicaciones presta una ayuda indiscutible.

El curso que se inicia presenta algunos elementos que lo diferencian de otros anteriores. El incremento de plazas y titulaciones ofrecidas por las universidades españolas, junto con el comienzo de la disminución del número de jóvenes en edad universitaria, consecuencia directa del descenso demográfico, permite, en la mayoría de los casos, que el estudiante acceda a la carrera de su preferencia. Pierde así fuerza el proverbial dramatismo que ha supuesto la nota final en pruebas de acceso a la universidad. La modificación de estas pruebas, sobre todo de la estructura de las mismas, más orientadas al tipo de estudios universitarios que se desean cursar, puede ser un avance a la hora de facilitar la ubicación de los estudiantes.

El fantasma de la antigua reválida, cuya resurrección se ha atribuido injustamente a los rectores, sólo ha servido para desviar la atención de la auténtica posición mantenida por las universidades, que no es otra que propiciar un sistema de acceso lo más justo posible, que favorezca el tránsito en igualdad de oportunidades de los estudiantes al mundo universitario y disminuya el fracaso en el primer curso.

Las universidades no sólo defienden su autonomía porque sea un derecho fundamental reconocido por la Constitución, sino porque en ellas debe arraigar el pensamiento libre y crítico, que tantas veces ha jugado un papel destacado en la transformación de sociedades no democráticas y que debe liderar muchos cambios de la sociedad actual. La importancia de esta misión merece una atención prioritaria de la sociedad y los poderes públicos.

Saturnino de la Plaza es presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.