Hacia la competitividad de las universidades

Resulta difícil encontrar unas instituciones tan críticas consigo mismas y con las administraciones educativas como las universidades. Fruto de la libertad intelectual de sus profesores y la autonomía institucional se transmite a la sociedad la sensación de una crisis permanente que adquiere en determinados momentos tintes de dramatismo, por lo cual se requieren reformas urgentes y radicales. Contempladas macroscópicamente, en el entorno social en que desarrollan su actividad el dramatismo desaparece, y se puede decir que su estado general de salud es bueno, si bien aparecen síntomas de patologías internas y externas que hay que estudiar y corregir.Las internas proceden en gran medida del crecimiento rápido que el sistema universitario ha tenido en los últimos 20 años. Crecimiento acompañado de profundos cambios estructurales, organizativos y funcionales, lo cual ha producido desajustes y desequilibrios; crecimiento del número y tipología de universidades, de centros, de enseñanzas, de estudiantes, de profesores; crecimiento de la actividad y de los resultados de la investigación científica y tecnológica. Prácticamente, todas las magnitudes se han duplicado.

A las universidades españolas se le asignan funciones que van desde la investigación científica de alto nivel y la preparación de investigadores hasta la formación de titulados de perfil profesional muy especializado, aptos para insertarse en un mercado laboral cambiante. Misiones que van desde la creación de conocimientos generales y su transmisión hasta el apoyo al mundo empresarial para el desarrollo tecnológico de la sociedad, desde la formación reglada hasta la formación continua y permanente. En suma, funciones heterogéneas para las cuales no siempre se dispone de experiencia y sistemas normativos y organizativos adecuados para hacerles frente.

Por otro lado, se ha llevado a cabo un proceso de descentralización profundo para adaptar el sistema universitario al nuevo régimen competencial derivado de la Constitución. Competencias repartidas entre la Administración central del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas y las propias de las universidades debidas a su alto grado de autonomía institucional. Este proceso, que culmina en 1995, produce luces y sombras e introduce elementos de descoordinación e inseguridad que es necesario corregir.

Las herramientas normativas y los recursos financieros que las administraciones han dado a las universidades no han sido quizá siempre adecuadas a sus necesidades, y las tareas de planificación y evaluación de resultados han estado olvidadas. Las universidades han estado con frecuencia más atentas a sus propios problemas internos que a las demandas de la sociedad, más preocupadas de la autonomía como reivindicación que de la responsabilidad social consiguiente.

La situación del entorno social externo, al que la universidad sirve, ha cambiado mucho. La situación de finales de los setenta no es la misma que la del fin de milenio y la de las décadas venideras. En primer lugar, está cambiando rápidamente la estructura de la demanda tradicional de formación superior tanto cuantitativa como cualitativamente.

La situación pasada reciente de oferta regular de enseñanza y plazas para los estudiantes que acceden a la universidad estaba basada en un exceso de demanda, con lo cual la oferta se hacía sobre un mercado cautivo y, además, compartimentado en los distritos autonómicos. La ampliación de la oferta, la disminución de la demanda como consecuencia del descenso demográfico, la próxima implantación del distrito abierto y la ampliación de la política de becas y ayudas al estudiante propiciarán la movilidad de los estudiantes y la competitividad entre las universidades, lo cual debe a la larga redundar en una mejora de la calidad de la oferta y no sólo de la cantidad, como hasta ahora.

Sin embargo, la caída de la demanda tradicional se verá compensada por el crecimiento de las necesidades de formación posgraduada, sea el doctorado, las maestrías, los cursos de especialización o la "vuelta a la universidad" de grupos de adultos jubilados.

Las palabras calidad y competencia han sido citadas varias veces en las líneas anteriores. El sistema universitario español es altamente descentralizado y, como se señaló recientemente en un encuentro celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, "en los sistemas descentralizados, la dirección a través de la información es más eficiente que la dirección centralizada por normas. Para ello se hace necesario desarrollar un sistema de indicadores que proporcione información adecuada, comprensiva y puntual a todos aquellos órganos que tienen la responsabilidad de gobernar, dirigir y gestionar las diferentes unidades del sistema universitario".

Indicadores pues de calidad, de valoración del rendimiento del servicio público. Frente a un exceso de regulación "exante" debe ponerse énfasis en la evaluación "ex-post", desarrollando las funciones de evaluación para la posterior toma de decisiones y también, y muy importante, para dar información al ciudadano que tiene que elegir dónde y qué estudia.

El futuro es esperanzador. Partiendo de un estado general de buena salud, es necesario corregir las patologías existentes y procurar unas reformas que hagan posible enfrentarse con éxito a los nuevos retos externos. Para ello es necesario el consenso entre todas las partes implicadas.

Vicente Ortega es secretario general del Consejo de Universidades.